REPORTE MÉXICO

Urge esclarecer crímenes y garantizar derechos de las víctimas y sus familias

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condena enérgicamente los crímenes ocurridos en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, así como las graves omisiones de las autoridades municipales y estatales en la protección, investigación y debida diligencia de los delitos cometidos en ese lugar.

En días recientes, el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco descubrió en el Rancho Izaguirre restos humanos, hornos y diversos elementos que sugieren la existencia de un sitio utilizado para retener y explotar a víctimas de trata de personas y llevar a cabo asesinatos y la posterior desaparición de sus cuerpos. Entre los hallazgos se encuentran pilas de ropa, documentos e información que podrían estar vinculados con personas desaparecidas. Estos indicios apuntan a la posibilidad de que las víctimas hayan sido captadas, retenidas y explotadas en condiciones de extrema violencia y deshumanización.

Lo más alarmante es que este descubrimiento se produjo seis meses después de que las autoridades locales, con apoyo de la Guardia Nacional, realizaran un operativo en el mismo lugar sin llevar a cabo una investigación exhaustiva. Las omisiones en el aseguramiento del lugar, la cadena de custodia y la falta de seguimiento a denuncias previas, reflejan una negligencia reiterada por parte de las autoridades responsables, lo que ha permitido que estas prácticas criminales continúen en la impunidad. Esta inacción ha sido un factor clave para que redes de delincuencia organizada operaran con libertad, perpetuando ciclos de violencia y explotación.

Es imperativo atender esta situación, puesto que debe ser parte del esfuerzo de Estado, que actualmente se lleva a cabo, para brindar nuevas vías de desarrollo a las personas jóvenes en el país, donde tengan más y mejores oportunidades y no sean coaccionados y obligados a formar parte de organizaciones delictivas como la única manera de sobrevivir.

Por nuestra parte, la CNDH ha llevado a cabo las siguientes acciones:

• Estamos trabajando en la elaboración de un informe especial sobre los casos de fosas clandestinas, con el objetivo de contribuir al derecho a la verdad, la justicia y la no repetición para toda la sociedad mexicana

• Solicitud y reforzamiento de las medidas cautelares que ya habíamos interpuesto en favor de integrantes del colectivo “Guerreros Buscadores de Jalisco” y sus familiares, a fin de evitar daños irreparables a sus derechos de seguridad física, integridad personal y vida

• Atracción del caso del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, por la presunta violación a derechos humanos y en virtud de que existe una repercusión al derecho a defender derechos humanos de integrantes del colectivo “Guerreros Buscadores de Jalisco”

La CNDH subraya la urgencia de esclarecer estos hechos mediante una investigación diligente, transparente y exhaustiva. Es fundamental garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la no repetición para las víctimas y sus familias. Para ello, es indispensable que las autoridades locales, estatales y federales asuman su responsabilidad y actúen con la debida prontitud y eficacia. La sociedad de Jalisco y de todo el país exige respuestas claras y contundentes frente a estos crímenes, especialmente en un contexto en el que algunos medios de comunicación e intereses particulares promueven la desinformación en lugar de la transparencia.

Es importante contextualizar que, si bien se ha comparado este tipo de violencia sistemática con los campos de exterminio nazis, poco tienen en común, salvo que en ambos casos es preponderante la deshumanización de los perpetradores para exterminar a seres humanos. Sin embargo, en la Europa del siglo pasado el exterminio lo perpetró el Estado, como una política de limpieza racial y exterminio de lo diverso. En México, el desarrollo de estas prácticas de tortura y de desaparición fueron durante gran parte del siglo XX prácticas que se ejercieron desde el Estado, como lo hemos documentado en la Recomendación General 46/2022 y en la Recomendación 98VG/2023 que abordan el periodo de la llamada la “Guerra Sucia”; y este tipo de prácticas también se usaron durante la “Guerra contra el Narco” de 2006 – 2016.

Actualmente, estas acciones son perpetradas principalmente por organizaciones delictivas que operan en el marco de una economía criminal, mismas que se encuentran documentadas desde los años 90 del siglo pasado en diversos Estados de la república.

La CNDH hace un respetuoso pero enérgico llamado a las nuevas autoridades de Jalisco para que investiguen a fondo estos hechos y desmantelen las redes de complicidad que han permitido la impunidad de estos crímenes durante décadas. Es imperativo que las autoridades actúen con transparencia y apego a los derechos humanos, garantizando la más pronta identificación de los restos humanos encontrados y su entrega digna a los familiares. Asimismo, se debe establecer un registro preciso de las fosas clandestinas, asegurar la cadena de custodia de las evidencias y garantizar una participación adecuada y enmarcada en la ley de las familias, en el proceso de búsqueda y justicia.

En este sentido, se recomienda implementar un mecanismo permanente que permita informar de manera oportuna y constante a los familiares de las personas desaparecidas sobre los avances en las investigaciones y los hallazgos en las fosas. Este mecanismo debe incluir la participación de las familias y organizaciones de víctimas, a través de un grupo de supervisión y evaluación que garantice la transparencia y el acceso a la información.

Además, es crucial que las líneas de investigación incluyan el delito de trata de personas, y que se tomen medidas inmediatas para prevenir que más víctimas caigan en estas redes criminales. Será muy útil, y además un referente necesario, establecer protocolos claros para facilitar el acceso de los familiares a las investigaciones, asegurando su derecho a la verdad, la justicia y a las medidas de no repetición.

La CNDH también invita a las autoridades federales, como la Fiscalía General de la República y a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, a brindar apoyo técnico y logístico para la identificación de los restos y evidencias encontradas en Teuchitlán.

Finalmente, la CNDH reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos y hace un llamado a todas las autoridades a actuar con la debida diligencia, transparencia y respeto a los derechos de las víctimas y sus familias. Estamos convencidos de que sólo a través de una acción coordinada y decidida se podrá enfrentar y resolver hechos tan graves como el que lamentablemente nos ocupa, y garantizar, sobre todo, que no se repitan.

¡Defendemos al pueblo!