REPORTE MÉXICO

Por Martín Lazo Cuevas, periodista independiente

Han pasado 177 años desde la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, el acuerdo que obligó a México a ceder más de la mitad de su territorio a los Estados Unidos. Pero mientras los libros de historia presentan este evento como un simple intercambio territorial, la realidad vivida por quienes lo sufrieron fue otra: violencia, despojo y desplazamiento forzado.

Para los mexicanos que permanecieron en estas tierras, la promesa de protección bajo el tratado fue rápidamente reemplazada por una dura verdad: un esfuerzo sistemático por despojarlos de sus tierras, negocios y derechos a través de maniobras legales, corrupción y violencia abierta.

Cómo un pueblo entero fue despojado de su tierra

El gobierno estadounidense no perdió tiempo en hacer que la propiedad de la tierra fuera legalmente imposible para los mexicanos. Leyes como la Ley de Reclamaciones de Tierras de California de 1851 obligaron a los antiguos propietarios mexicanos a atravesar largos y costosos procesos judiciales para demostrar que sus títulos de propiedad eran legítimos. Sin embargo, muchos perdieron sus tierras debido a tecnicismos legales, barreras lingüísticas o simplemente por no poder costear la batalla legal.

Los que no podían defender sus títulos de propiedad se veían obligados a vender sus tierras a precios irrisorios, o simplemente las perdían a manos de colonos anglosajones que las ocupaban ilegalmente con la complicidad de las autoridades.

El mismo destino corrieron los negocios mexicanos. A través de impuestos discriminatorios, restricciones a las licencias comerciales y regulaciones dirigidas específicamente contra ellos, los comerciantes y ganaderos mexicanos fueron marginados de la economía local.

Los mineros y rancheros mexicanos también fueron blanco de impuestos abusivos. Durante la Fiebre del Oro en California, las autoridades impusieron un "impuesto a los mineros extranjeros", afectando directamente a los mexicanos y obligándolos a abandonar sus minas o pagar tarifas exorbitantes para seguir trabajando.

Linchamientos y violencia racial

Pero los ataques legales y económicos fueron solo el principio. A medida que los colonos anglosajones tomaban el control, impusieron su dominio mediante violencia racial extrema.

Multitudes organizadas linchaban a mexicanos con total impunidad, mientras que grupos de justicieros atacaban comunidades enteras, muchas veces con la complicidad de las autoridades.

En Texas, los recién creados Texas Rangers llevaron a cabo campañas de terror contra las comunidades mexicanas, ejecutando a cientos de personas bajo el pretexto de mantener el "orden". En California, la violencia alcanzó niveles brutales, con masacres, desplazamientos forzados y asesinatos sistemáticos.

El caso de Joaquín Murrieta

Uno de los ejemplos más emblemáticos de esta violencia fue la ejecución de Joaquín Murrieta, un californiano de origen mexicano que se convirtió en símbolo de la resistencia contra el abuso anglosajón.

Según diversas versiones, Murrieta fue víctima del racismo y el despojo: su esposa fue brutalmente asesinada y él fue expulsado de sus tierras en California. En respuesta, decidió luchar contra quienes habían destruido su vida, organizando ataques contra los grupos que violentaban a los mexicanos.

El 25 de julio de 1853, Murrieta fue capturado y ejecutado sin juicio en la Corte del Condado de Santa Clara, en San José, California, por los rangers de California. Su cabeza fue exhibida públicamente como advertencia para cualquier mexicano que se atreviera a resistir.

Pero su ejecución no fue un evento aislado. Fue un mensaje claro para toda una comunidad: “su tierra ya no les pertenece, su presencia aquí ya no es bienvenida.”

Una deuda que aún sigue pendiente

Algunos dirán que esto es historia, que el pasado ya quedó atrás. Pero la historia no desaparece solo porque elegimos ignorarla.

El legado de este despojo masivo sigue presente hoy en día en las desigualdades económicas, políticas y sociales que persisten en la comunidad méxico-americana.

Mientras que los descendientes de quienes se apropiaron de la tierra han prosperado, muchos descendientes de aquellos que lo perdieron siguen luchando por el reconocimiento, mucho menos por la restitución.

El acceso a la tierra, la acumulación de riqueza y las oportunidades económicas fueron arrebatadas a todo un pueblo, y las consecuencias de ese despojo siguen moldeando nuestra sociedad hasta hoy.

Un llamado a la reconciliación

Hoy, 177 años después de este despojo, un grupo llamado Comunidad Mexicana está proponiendo algo sin precedentes: una devolución pacífica, voluntaria y ética de las propiedades no reclamadas a los descendientes de quienes las perdieron.

Su petición es clara: en los casos en que familias ya no tengan herederos y propiedades, ranchos, edificios y fortunas estén en riesgo de ser abandonados, piden que se devuelvan a quienes legítimamente tienen raíces en estas tierras.

No es una demanda legal ni un movimiento político, sino un llamado moral e histórico. Comunidad Mexicana no busca venganza, litigios ni conflicto. Su mensaje es de reconciliación, no de resentimiento.

Hacen un llamado a los descendientes de quienes heredaron estas propiedades para que reconozcan la injusticia histórica que las originó y, en los casos donde la cadena de herencia ha terminado, para que devuelvan estos bienes a quienes fueron violentamente separados de ellos.

El momento de actuar es ahora

En los próximos años, cientos de propiedades y fortunas quedarán sin dueño, sus propietarios originales hace tiempo desaparecidos, sus herederos nunca reconocidos ni compensados. En lugar de dejar que se pierdan en un limbo legal o se conviertan en activos sin alma de corporaciones, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad para corregir una injusticia histórica?

¿Por qué no elegir la justicia sobre el abandono, la reconciliación sobre la indiferencia?

La verdad es que ninguna ley puede deshacer el pasado. Ningún gobierno realmente compensará lo que fue arrebatado.

Pero las personas sí pueden hacer la diferencia.

Aquellos que hoy poseen estas propiedades, aquellos que han heredado estas tierras, tienen la oportunidad de hacer lo que ningún gobierno ha hecho jamás:

Reconocer la historia, honrar la justicia y devolver lo que fue tomado.

La pregunta no es si pueden hacerlo. La pregunta es si lo harán.