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El Estado
argentino le pidió perdón por no actuar ante sus
denuncias por violencia machista: casi muere
apuñalada por su marido. Los reclamos sin
respuestas, la desidia judicial y policial, el
“pobre hombre” y todo lo que hay que hacer para
no morir en el intento: convenció a sus abogados
de ir a las cortes internacionales para exigir
medidas reparatorias para las víctimas, y
cambios profundos en el Poder Judicial. Lo que
todavía sigue esperando. Por Anabella Arrascaeta
Olga del Rosario Díaz llegó al Hospital Pirovano
casi sin pulso. Había recibido cinco puñaladas:
cuello, mano, brazo, seno y espalda, por parte
de Luis Palavecino, su ex marido y padre de tres
de sus cuatro hijes.
Corría el 24 de marzo de 2017. Olga tenía 61
años. Pasó 45 días en terapia intensiva.
Palavecino la atacó en la puerta de su casa, y
aunque ella lo había denunciado, el Estado no
hizo nada. Por eso, cuatro años después, el 15
de abril de 2021, se convirtió en la primera
víctima de violencia machista a la que el Estado
argentino le pidió públicamente disculpas por su
“responsabilidad por las violaciones a los
Derechos Humanos” que Olga sufrió. También se
comprometió con una serie de medidas
reparatorias y de no repetición; muchas aún no
las cumplió.
“Recibí las disculpas en nombre de aquellas que
no fueron escuchadas”, dice ahora Olga a MU. “Me
considero una sobreviviente porque estuve al
borde de la muerte. Doy gracias a Dios por poder
volver a salir y poder trasmitir mi
experiencia”.
Vivir para contarla
La primera denuncia fue en el año 2002, casi
veinte años atrás. Olga se enteró de que su
marido le era infiel y quiso separarse. Llevaban
36 años juntos. Tenían tres hijes, y él había
criado además a la hija mayor de Olga como si
fuera propia. Cuando ella le pidió que se fuera
de la casa donde vivían –en Villa Pueyrredón–
Luis Palavecino la golpeó, amenazó de muerte, y
amenazó además a una de las hijas, rompió parte
de la casa y le prendió fuego al auto. “Hasta
ahí nunca había sido violento. Mis amistades no
podían creer lo que estaba pasando; él era muy
servicial conmigo, con los chicos. Pero cuando
yo le pido que se vaya, explota y demuestra
realmente quién es”.
Olga lo denunció. Y se abrió una causa penal por
amenazas e incendio con intervención del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional N° 29.
Recuerda: “Estuve en Tribunales, en el edificio
de la calle Uruguay; fui citada, quedaron en que
lo iban a citar a él, y nunca llegó una citación
ni a él, ni a mí. Yo volví una vez a Tribunales
para averiguar pero como no tenía abogado, no me
daban informes”.
No había mucho que informar. El Poder Judicial
no hizo nada en esa causa durante 15 años, hasta
que finalizó en 2017 por haberse declarado la
extinción de la acción penal por prescripción y
el sobreseimiento de Palavecino.
“Una no está asesorada, y no sabe cómo seguir”,
recuerda Olga. “En esa época no teníamos
absolutamente nada, ningún referente, alguien
que nos orientara. Es más: lo tildaban como un
caso más. Me decían: son cosas que pasan, esto
es muy común, uno a veces tiene esos deslices.
Al principio te escuchan, pero incluso la propia
familia después dice: ‘vos exagerás un poco, ya
vas a ver que se le pasa, quién no tuvo un
romance, una aventura; es el padre de tus hijos,
quién va a criar a tus hijos, quién los va a
querer, quién te va a ayudar’. Todos te
escuchan, pero vos sentís que que no existís,
que no tenés ningún derecho a abrir la boca”.
Olga del Rosario Díaz y Luis Palavecino
siguieron conviviendo. Dormían separados. Y él
la seguía amenazando: “Vos me denunciás y vas
dos metros bajo tierra”, recuerda Olga una de
las tantas frases; además le decía que
Antonella, su hija menor, que en ese momento
tenía 4 años, iría a un orfanato. En ese momento
sus hijes tenían: 4, 15, 16, 20 años. “Todos
estaban bajo mis alas”.
Ella se preguntaba: “¿A dónde voy? ¿Dónde me
refugio? No encontraba un apoyo, un lugar,
alguien que me escuchara. Nada”.
En esa búsqueda llegó a un centro de salud cerca
de su casa a pedir ayuda psicológica. Cuando
contó lo que le estaba pasando, la psicóloga se
agarró la cabeza: Olga supo que no era por ahí.
También fue a un centro donde mujeres que
estaban pasando situaciones de violencia se
juntaban y acompañaban. “Cada una aportaba lo
que le pasaba pero no había una solución. Una de
ellas salió a llevar al chico al colegio y vino
toda golpeada, entonces dije: no es lo que yo
busco”.
Fue entonces cuando empezó a buscar trabajo
fuera de su casa. “Yo no trabajaba, él me decía:
vos aportaste la casa, yo voy a trabajar para
poder mantener la propiedad y que vos cuides a
los chicos”. Hasta ese momento ella tenía
algunas changas, ropa que cosía o vendía, y se
ocupaba de la casa y de sus hijes. “Me di cuenta
de que me tenía que independizar para poder
afrontar situaciones mucho más difíciles que
iban a venir. Sabía que iban a venir cosas
complicadas, que mi vida no iba a ser muy fácil.
Yo soy creyente, la fe me ayudó mucho”. Desde
entonces trabaja como asistente de un médico;
fue ahí donde la ayudaron a encontrar ayuda
psicológica y legal.
En ese momento Olga decidió: “Una vez que
Antonella sea mayor de edad, voy a hacer todas
las denuncias”.
Lo que no funciona
En 2008, ante un nuevo intento de separación, la
violencia recrudeció. “Ahí no lo denuncié; veía
las noticias, escuchaba, y pensaba: no está
funcionando esto. Otra mujer muerta, otra mujer
que hizo la denuncia. Una tras otra. Lo seguimos
viendo”.
En 2016 él la volvió a agredir y amenazar de
muerte, y ella se fue de su casa. “Ahí todas
eran mayores. Y había llegado a lo máximo. Dije:
yo lo denuncio”.
El 2 de febrero de 2017 llegó a las cinco de la
tarde a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD),
dependiente de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación: “Sabía lo que me iba a pasar”,
recuerda Olga sobre la experiencia: para radicar
denuncia tuvo que esperar hasta las 9 de la
mañana del día siguiente. “Es mucho tiempo,
deberían poner más gente, más profesionales. Una
vez que te toman la denuncia, pasás por lo
psicológico, ves a la socióloga, analizan todo
el contexto: todo eso lleva tiempo. Hay que ir
profundo”. En la OVD Olga pidió que Palavecino
se fuera de su casa, una perimetral para ella y
sus hijes, y un botón antipánico.
Por esa denuncia se abrieron dos expedientes:
uno en el Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N° 8, y otro en el Juzgado Nacional
en lo Criminal y Correccional N° 12.
Desde el juzgado civil fijaron una mediación
para el 6 de febrero. A Palavecino lo llamaron
delante de Olga, que salió llorando del juzgado
porque nada de lo que había pedido se estaba
contemplando. “La secretaria del juzgado me
dijo: señora, siendo tan grande, pobre hombre,
cómo lo va a denunciar. Las palabras textuales
eran: qué le va a decir a sus nietos, ¿que lo
metió preso porque la amenazó?”, recuerda sobre
los horrores que tuvo que escuchar. Además
fijaron una prohibición de acercamiento de 200
metros hasta la fecha de la mediación, pero la
policía la hizo efectiva recién 10 días después,
cuando la medida ya estaba vencida.
Olga no se presentó a la mediación. Nadie
averiguó por qué se había ausentado; tampoco
resolvieron ninguna medida de protección. Diez
días después fue a Tribunales con un abogado y
volvió a reiterar la situación de peligro en la
que se encontraba.
«Pobre hombre»
El juzgado dispuso la “exclusión” de Palavecino
de la casa de Olga recién el 23 de febrero de
2017. Le dieron a ella un papel para que fuese a
la comisaría a pedir que lo saquen de la casa.
“La policía me tuvo una semana dando vueltas que
no podían, que no había móviles, que no había
gente”. Olga fue a la comisaría desde el 24 de
febrero hasta el 4 de marzo, todos los días.
“Ese día me dijeron: no tenemos móviles, están
todos en un partido de fútbol. Les dije: me
quedo y espero. Tuve que hacer eso”.
Esperó que lo sacaran para volver a su casa. Lo
primero que le pidió al policía fueron las
llaves. Le contestó: “Ay señora, pobre hombre,
sabe cómo se fue, una pena, no señora, yo no le
voy a pedir la llave”. Entonces preguntó si se
quedaba alguna custodia. Le contestó: “No
señora, quédese tranquila, me dio una pena este
hombre”.
La policía se fue y Olga llamó a un cerrajero
para cambiar las llaves de las tres entradas que
tiene en su casa. Volvió junto a Esteban, su
hijo. “De ahí en más todo fue tratar de volver a
ubicarme en tiempo y espacio en la casa. Volver
otra vez a una casa donde estaba todo mal: hasta
el día de hoy me está costando volver a
repararla”.
Desde el Juzgado no hicieron ningún seguimiento.
Veinte días después, el 24 de marzo, Palavecino
la apuñaló.
La puñalada
Olga y su hijo Esteban preparaban la ropa y
herramientas que Palavecino necesitaba para
trabajar; se las darían a un vecino, que hacía
de intermediario. Desde el 4 de marzo Olga no
veía a su ex pareja, aunque sabía que estaba en
una remisería del barrio, a muy pocas cuadras de
su casa.
“Estoy hablando con el vecino para explicarle
que todo lo que estaba en el jardín era lo que
se tenía que llevar. Y no recuerdo nada más”,
dice Olga situándose a las 11 de la mañana del
24 de marzo de 2017, cuando Palavecino apareció
y le dio cinco puñaladas.
También atacó a Esteban, su hijo, que intentó
defenderla. Después se escapó, cruzó General Paz
para el lado de provincia, volvió a cruzar a
Capital. Atacó a policías. Y fue detenido.
A ella la llevaron al Hospital Pirovano.
Despertó recién el 7 de abril. “Fue despertar
sin saber qué pasaba: veo las luces y me veo
cableada, con respirador, sin poder hablar. Con
gestos pregunté: qué hago acá. No sabía que
había pasado, por qué estaba ahí”.
Estuvo 37 días en terapia intensiva y 2 en sala
común. Estuvo con asistencia respiratoria con
traqueotomía y sedada farmacológicamente. Sufrió
polineuropatía del paciente crítico y trastorno
deglutorio. Recibió múltiples transfusiones de
sangre. Le dieron el alta el 5 de mayo, pero 19
días después tuvo que ser internada nuevamente
por una trombosis venosa profunda. Casi un mes
más de internación. El alta definitiva la
recibió recién el 14 de junio de 2017.
Las consecuencias aún las siente en el cuerpo:
“Hasta el día de hoy todavía tengo ciertos
flashes en la calle: voy caminando y por ahí me
quedo en una nebulosa. Tuve que hacer toda una
rehabilitación para volver a hablar, comer. Me
lastimó en el cuello y me quedaron secuelas.
Para volver a caminar tardé tres meses. Yo no
tomaba ni una aspirina, y hoy dependo de dos
pastillas: una del corazón, por una arritmia, y
una por la diabetes”.
Pedir mucho
Luis Palavecino fue condenado por el Tribunal
Oral en lo Criminal y Correccional N° 21 de
Capital Federal a 20 años de prisión por los
delitos de tentativa de homicidio agravado por
haber sido cometido contra su ex pareja y por
mediar violencia de género, y por tentativa de
homicidio agravado por haber sido cometido
contra un descendiente, amenazas coactivas con
armas en tres ocasiones, y resistencia a la
autoridad en concurso ideal con lesiones y
amenazas coactivas. La causa penal fue puesta en
conocimiento del juzgado civil, que no tomó
ninguna medida para verificar el estado de salud
de Olga ni la situación de la familia.
Olga siguió: “Una vez que finalizó el juicio mi
inquietud era que no había un resguardo, una
atención, una escucha, un cuidado a la persona
que es la víctima: la mujer va y hace la
denuncia cuando es agredida. El agresor termina
cumpliendo lo que promete, le dice: te voy a
matar, y la termina matando. Mi historia terminó
con el juicio pero pensé en todas las mujeres,
tengo hijas, tengo nietas, amigas, vecinas,
familia. Dije: algo hay que cambiar”.
Llevó su inquietud a sus abogados. Le dijeron:
“Estás pidiendo mucho, vamos a ver cómo se puede
hacer”. Encontraron la forma denunciando al
Estado Argentino ante el Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
de Naciones Unidas (CEDAW). La denuncia fue
interpuesta por la Defensoría General de la
Nación; en ella se detalló la ineficiente
aplicación de las medidas preventivas, la falta
de medidas de protección oportunas y eficaces,
la falta de escucha a la víctima durante el
proceso, el traslado a la víctima de garantizar
su propia protección, la falta de seguimiento de
las medidas de protección, la presencia de
estereotipos en las actuaciones judiciales, la
fragmentación de las causas en distintos
juzgados y la falta de abordaje integral. Aunque
los abogados le habían explicado que el proceso
podía tardar una década, Olga igual quiso seguir
adelante, y finalmente la CEDAW contestó rápido.
En febrero de 2019 se realizó una primera
reunión entre Olga y representantes de distintos
organismos del Estado. “En ese encuentro, se
pusieron de pie y uno por uno me vinieron a
pedir perdón”, recuerda ella, que desde entonces
estuvo presente en todas las reuniones que se
hicieron para acordar las medidas reparatorias.
El perdón
Finalmente, el 29 de octubre de 2019, bajo la
anterior gestión, se firmó el acuerdo de
solución amistosa en el que el Estado argentino
reconoce su responsabilidad internacional y se
compromete a ofrecer públicamente disculpas.
Además se establece una reparación económica
para Olga, que aún, a más de dos años, todavía
no cobró y que espera con ansias para poder
viajar a ver a su hijo Esteban a Texas, donde se
casó y vive hace años.
Se establecieron también medidas tendientes a
que no vuelva a suceder, entre ellas:
La elaboración de un documento para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres en los ámbitos que desarrollen sus
relaciones interpersonales.
La inclusión por parte del Consejo de la
Magistratura de la evaluación de conocimientos
sobre violencia contra las mujeres en todos los
concursos para cubrir cargos en el Poder
Judicial.
La confección de un registro público de
denuncias presentadas contra magistrados por
violencia de género.
El acuerdo fue aprobado el 17 de agosto de 2020
mediante el decreto N° 679. Y el 15 de abril de
este año se realizó, de manera virtual, el acto
público donde se le pidió perdón a Olga, con la
coordinación de la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación dirigida por Horacio
Pietragalla Corti.
Cada una de las medidas se acordó en base a lo
que Olga exigió. “Vieron que se equivocaron, y
que por la equivocación del Estado estuve al
borde de la muerte: hubiera sido una más. No
quiero que siga creciendo esa lista. Es
importante poder ayudarnos entre mujeres pero
debe ser el Estado el que se responsabilice del
cuidado de las mujeres, poniendo gente idónea”.
Por eso para Olga es fundamental que las medidas
estén pensadas desde las víctimas: “Lo que falla
es la parte judicial, mover a los jueces que no
toman las medidas. En el Ministerio de las
Mujeres lo hablamos antes de la reunión: algo
hay que hacer con la persona que es agresora,
porque está bien, a la mujer le damos la
protección, el botón antipánico, le podemos
ofrecer muchas cosas, pero no funciona. Las
tobilleras, los hombres, se las sacan. Ellas me
decían: en ese caso le avisamos a la mujer que
está en peligro. Pero esa mujer no puede ir por
la vida pendiente de un teléfono: ahora mi
inquietud es esa”.
De las medidas que el Estado prometió hay muchas
que aún no se están cumpliendo, o que se llevan
adelante de manera parcial e ineficiente. Por
ejemplo, el registro público de denuncias
presentadas contra magistrados y magistradas por
situaciones vinculadas a violencia de género que
se encuentra en la página web del Consejo de la
Magistratura tiene solamente cinco funcionarios
denunciados.
Olga considera fundamentales todas las medidas
que apunten a mejorar el accionar de los jueces.
¿Por qué? “Por lo que me pasó a mí. Quiero que
no vuelva a pasar: las vidas son importantes.
Queremos ver crecer a nuestros hijos. Y la pelea
de ir, denunciar, y trabajar para tener una vida
mejor es demostrarle a ellos que se puede”.
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