Por Martín Lazo Cuevas
La voz del pueblo, Comunidad Mexicana Internacional
A 28 años de la masacre de Acteal, el país sigue enfrentándose a una herida que no cierra. El 22 de diciembre de 1997, en la comunidad indígena de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, 45 personas tzotziles —integrantes de la organización pacifista Las Abejas— fueron asesinadas mientras oraban. Entre ellas había niñas, niños, mujeres y mujeres embarazadas. El ataque, perpetrado por grupos paramilitares, ocurrió en un contexto de violencia sistemática tras el levantamiento zapatista de 1994 y la militarización de los Altos de Chiapas.
Los hechos tuvieron lugar durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León. Diversos organismos de derechos humanos, investigaciones académicas y resoluciones judiciales han coincidido en que Acteal no fue un episodio aislado, sino el resultado de omisiones, tolerancia y fallas estructurales del Estado mexicano. Aunque hubo procesos penales contra algunos autores materiales, la justicia nunca fue plena: se anularon sentencias por irregularidades, no se esclareció la cadena de mando y jamás se establecieron responsabilidades políticas de alto nivel.
La verdad quedó fragmentada. La justicia, inconclusa. Y la memoria, en manos de quienes se negaron a olvidar.
Hoy, casi tres décadas después, la deuda histórica permanece. No existe un reconocimiento integral del daño ni garantías de no repetición que satisfagan a las víctimas. Acteal continúa siendo un recordatorio de cómo el poder público puede fallar cuando la seguridad se subordina a estrategias de control político y no a la protección de la vida.
En la coyuntura actual, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido cuestionada sobre Acteal y sobre el legado de los gobiernos anteriores. En sus declaraciones, ha insistido en que no todos los gobiernos son iguales y que tragedias como Acteal pertenecen a un periodo de graves violaciones a los derechos humanos que no deben relativizarse ni repetirse. Su postura ha subrayado la importancia de la memoria, el reconocimiento a las víctimas y la necesidad de diferenciar el presente de aquel pasado marcado por la impunidad.
La frase “No somos iguales” adquiere un peso distinto cuando se coloca frente a Acteal: no basta con decirlo, debe demostrarse con políticas, con verdad y con justicia.
La comunidad de Acteal mantiene espacios de recuerdo, ceremonias y trabajo organizativo para honrar a las víctimas. Las Abejas continúan su labor pacifista y su exigencia de verdad y justicia. Acteal es hoy un memorial, pero también una advertencia: la impunidad no se disuelve con el tiempo; se combate con voluntad política.
Sin una sentencia definitiva, sin un reconocimiento pleno de responsabilidad de Estado y sin garantías reales de no repetición, la justicia sigue pendiente. Acteal vive, resiste y recuerda.
Recordar Acteal no es un ejercicio de nostalgia dolorosa, sino un acto de responsabilidad democrática. La democracia se mide por la protección de la vida y la dignidad, no por el silencio ni por la conveniencia política. A 28 años, la pregunta no es solo qué ocurrió, sino qué estamos dispuestos a hacer para que nunca vuelva a ocurrir.
No somos iguales, sí. Pero más importante aún: debemos ser otra cosa.