Un grupo
armado entró en Loma de Bácum, perteneciente a
la Tribu Yaqui en Sonora, el 21 de octubre de
2016, con la intención de imponer autoridades en
la comunidad a favor del Gasoducto Sonora,
proyecto de IEnova (Infraestructura Energética
Nova, SA de CV), filial de la empresa
estadounidense Sempra Energy.
Ese día las autoridades tradicionales estaban
reunidas en una asamblea. El ataque dejó varios
heridos, doce vehículos quemados y un muerto
identificado como Cruz Buitimea Piñas,
integrante del grupo que irrumpió.
El guardia tradicional, Fidencio Aldama Pérez
presenció los hechos. Seis días después fue
detenido y puesto a disposición de las
autoridades ministeriales y judiciales de Sonora
por el homicidio de Buitimea Piñas.
Roberto López, de la organización Los otros
abogados, explica en entrevista a Avispa Midia
que el caso tiene un origen político porque es
motivado por el Estado y por empresas
transnacionales, “cuando el pueblo se empieza
oponer contra el gasoducto que pasa por sus
tierras, empieza la estrategia de eliminar a los
opositores”.
En noviembre de 2012 la transnacional con sede
en Estados Unidos, Sempra Energy, firmó un
contrato con la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) para construir el gasoducto Sonora
destinado a importar gas natural de Estados
Unidos a México.
En menos de un año, el 29 de agosto de 2013, la
Comisión Reguladora de Energía aprobó la
construcción en los tramos Guaymas-El Oro del
proyecto que atraviesa ocho pueblos yaquis en
835 kilómetros de longitud.
Pero el 28 de mayo de 2015 la comunidad de Loma
de Bácum acordó en una asamblea negar el acceso
a persona, compañía o entidad vinculadas al
gasoducto Guaymas-El Oro.
La tensión se intensificó cuando un juez federal
en Ciudad Obregón ordenó la suspensión del de la
obra por no tener el consentimiento de toda la
tribu, pero la empresa IEnova continuó con los
trabajos sin acatar la resolución judicial.
La empresa se dio a la tarea de comprar
conciencias para abonar a la división de los
pobladores. Después surgió el grupo de personas
que ingresaron armadas a la asamblea del 21 de
octubre para imponer otras autoridades a favor
del proyecto. “Llega un grupo armado que se
empieza a confrontar a la gente opositora al
gasoducto, la gente corre para resguardarse y en
ese cruce de proyectiles fallece una persona. Se
comienza a ver claramente la intención de quitar
a los opositores”, señala el abogado Roberto
López.
Proceso penal
En el proceso penal de Fidencio Aldama existen
violaciones al debido proceso que fueron
ignoradas por el Tribunal de Enjuiciamiento. El
Tribunal lo condenó a 15 años y 6 meses de
prisión por homicidio simple doloso en el Centro
de Reinserción Social de Ciudad Obregón, en
marzo de 2018.
Algunas de las irregularidades identificadas son
las declaraciones de los testigos pertenecientes
al grupo a favor del gasoducto, pues señalan que
Fidencio portaba un arma que no corresponde a la
que privó de la vida a Cruz Buitimea Piñas. “Son
armas distintas”.
Otra irregularidad es que fue desestimada por
las autoridades la declaración de la esposa de
Cruz Buitimea Piñas que tuvo a la vista a
Fidencio y dijo que nunca vio que accionara el
arma.
Para el asesor jurídico se trata del modus
operandi para generar la confrontación, división
y violencia en pueblos originarios a
consecuencia de proyectos transnacionales.
En la actualidad, los abogados esperan la
resolución del amparo interpuesto ante la
magistrada Luz Elba de la Torre Orozco del
Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y
Administrativa del Quinto Circuito del Estado de
Sonora, en agosto de 2021.
Para organizaciones acompañantes del caso, el
delito de Fidencio a los ojos del Estado y de
las empresas multinacionales es la resistencia
al gasoducto de Sonora.
“Dadas estas circunstancias, ahora es un momento
urgente y decisivo en la lucha por la libertad
de Fidencio. En lugar de esperar pasivamente a
que el tribunal tome su decisión, ahora es el
momento de amplificar la llamada para la
liberación inmediata de Fidencio”, dijo el
abogado.
El indígena
Yaqui es originario de la comunidad de Loma de
Guamuchil, pero en 2009 llegó a la comunidad de
Loma de Bácum, de donde es originaria su esposa,
quien desde hace cinco años espera justicia para
Fidencio.
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