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2 Febrero 2022
Cerca de la mitad de las mujeres que se ven
privadas de libertad en México lo están por
delitos contra la salud pública al tener una
cantidad de drogas un poco mayor que la
permitida legalmente. Muchas de ellas es la
primera vez que delinquen al tiempo que han
sufrido abusos. Una organización feminista lucha
por ayudarlas y que sean tratadas de acuerdo con
las normas internacionales.
EQUIS Justicia para las Mujeres es una
organización feminista que contribuye al
ejercicio de los derechos humanos de las mujeres
en México mediante estrategias de acceso a la
justicia, incidencia en propuestas de políticas
públicas y el fortalecimiento de liderazgos para
alcanzar la justicia social.
Esta organización lleva desde 2014 enfocándose
en un tema novedoso a nivel internacional y en
México: la situación de las mujeres encarceladas
por delitos de drogas.
Isabel Erreguerena, codirectora de EQUIS, contó
a Noticias ONU cómo la organización empezó a
trabajar con reclusas, dándose cuenta de que el
porcentaje de mujeres que están en la cárcel por
delitos contra la salud es cercano a la mitad de
la población carcelaria.
“Entre 2016 y 2018 vimos un incremento en el
fuero común del 103% de mujeres privadas por
delitos contra de la salud, y sigue siendo el
delito con mayor población penitenciaria,
representando el 43%, y nos hicimos la pregunta
¿Por qué?”, agregó.
Y al ver los censos, la respuesta fue que la
mayoría de las mujeres tenían características
similares: eran privadas de libertad por
posesión para uso de comercio, esto quiere decir
que poseían un poco más de la cantidad que se
permite y creen que es con fines de comercio;
también la mayoría son mujeres en situación de
vulnerabilidad o que son incriminadas en algún
delito.
“Nosotras nos dimos cuenta de que no había
organizaciones que trabajaran con mujeres
privadas de su libertad”, explica Erreguerena,
quien indica que también vieron que estas
mujeres son “primodelincuentes”, es decir que es
la primera vez que delinquen. Además, fueron
detenidas sólo por ese delito y no por otro; ni
estaban en posesión de armas.
Las mujeres intentan llevar una vida normal
dentro del reclusorio.
Víctimas de abusos
Por otro lado, de acuerdo con la Encuesta
Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL)
en México, señala que el 41% de las mujeres
detenidas por la Marina fueron violadas, y el
21% de las detenidas por el Ejército también.
El 48% de todas ellas declararon haber sido
torturadas y el 48,8% sufrió alguna agresión
física antes de llegar ante el Ministerio
Público, lugar en dónde se realizan las
denuncias o llevan a las personas detenidas. Los
estados con mayor tortura son: Michoacán Colima,
el Estado de México, y Aguascalientes.
Esta misma encuesta también arrojó que el 34% de
las personas han declarado haber sido agredidas
por los custodios. Mientras que al 58% no se les
informó del motivo de su detención y al 65% no
se les informó sobre sus derechos todo lo cual
provoca indefensión.
Además, en el 68% de los casos las autoridades
no mostraron su placa. Este análisis finalmente
arrojó que el 43,9% de las personas privadas de
su libertad pudieron haber sido acusadas
falsamente o haber sido implicadas en algún
delito, y sin embargo el 10,4% no ha podido
comprobar su inocencia.
“Por nuestra parte, en la parte cualitativa
entrevistamos a mujeres de Oaxaca y de la Ciudad
de México, y a todas las personas que entrevisté
que habían sido detenidas por delitos contra la
salud, todas habían sido torturadas sexualmente,
no había ninguna que no declarara que no lo
había sido.”
En 2015, la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos
actualizó las Reglas Mínimas de las Naciones
Unidas para el Tratamiento de los Reclusos;
éstas contienen directrices importantes en la
gestión penitenciaria, incluyendo una
prohibición absoluta de la tortura y los tratos
inhumanos, así como claras restricciones en el
uso del confinamiento solitario y registros
intrusivos.
De acuerdo a las Directrices para el tratamiento
de mujeres condenadas a penas privativas de la
libertad, no privativas de la libertad y medidas
para mujeres delincuentes, a las internas que
reporten abusos se les deberá proveer protección
y apoyo inmediato y su denuncia debe
investigarse por una autoridad competente e
independiente, con total respeto al principio de
confidencialidad.
Las medidas de protección deben tomar en cuenta
específicamente los riesgos de represalias de la
persona responsable de los abusos.
Por otro lado, las internas que queden
embarazadas como resultado de abuso sexual
deberían recibir un apropiado asesoramiento y
consejo médico, además de proveerles apoyo y
tratamiento para su salud, como ayuda legal.
Este reglamento también especifica que, al
momento del registro de las reclusas, se deben
aplicar las medidas eficaces para garantizar que
la dignidad de las mujeres esté protegida
durante los registros personales, y estas deben
ser llevadas por personal penitenciario femenino
que estén capacitadas para ello.
Teniendo en cuenta el alto número de mujeres que
son detenidas por delitos menores relacionados
con drogas, en este reglamento se especifica
que, al determinar la condena, los juzgados
deberían tener el poder de considerar la
mitigación de la condena de las mujeres que han
cometido este tipo de delitos.
También dice que se debería promover la
sensibilidad al género mediante el acceso de las
mujeres a programas de tratamiento para abuso de
sustancias en la comunidad para prevenir el
delito, así como también la diversidad y
alternativas a los propósitos de la condena.
Entre el 2016 y 2018 hubo un incremento del 103
por ciento de mujeres privadas de su libertad
por delitos contra la salud.
Reinserción social
De acuerdo con la Guía de Introducción a la
Prevención de la Reincidencia y la Reintegración
Social de Delincuentes, de la Oficina de las
Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC)
los índices de reincidencia siguen siendo muy
altos entre ciertos grupos de delincuentes.
Aunque no cuenta con las estadísticas globales,
los datos de países individuales arrojan altos
índices de reincidencia, alcanzando un 70% o
más.
La UNODC señala que los sistemas de justicia
penal deben diseñar y realizar intervenciones y
programas de reintegración social eficaz para
evitar la reincidencia y para detener el ciclo
de integración social fallida.
Aunado a esto EQUIS estudió, analizó, y propuso
políticas necesarias para que se cumplan con los
derechos de las personas al ser detenidas.
Comenzaron a trabajar con mujeres que ya habían
salido de la cárcel, creando una red y formado
organizaciones que están luchando por sus
derechos, como el caso de: Mujeres Unidas por la
libertad, Lebusol, Mujeres libres México, y
Artículo 20.
Isabel Erreguerena nos contó un poco el proceso
por el que pasan las mujeres una vez que logran
recuperar su libertad. El primer y principal
problema con el que se enfrentan, es que salen
por la madrugada y sin documentos oficiales que
les acrediten su ciudadanía.
“Normalmente es un rollo burocrático que no te
den una identificación, como rentas algo si no
la tienes, o pides un trabajo. Después el famoso
tema de antecedentes penales que, aunque esté
prohibido, lo siguen pidiendo.”
Por ello, EQUIS realizó un mecanismo de justicia
social para liberar a las personas que estaban
siendo privadas de su libertad injustamente por
la política de seguridad fallida, un mecanismo
de reinserción social, y una política de drogas
basadas en el derecho a la salud.
De acuerdo con estos estudios y trabajo, se ha
detectado que las principales dificultades con
las que se enfrentan las mujeres son volver a
tener un vínculo con la sociedad, el acceso ágil
a una oferta laboral, y su salud mental, pero
por lo general no cuentan con los recursos
económicos para atenderse o simplemente no
tienen las fuerzas.
Se necesitan buenos planes y crear políticas
públicas para que las personas puedan reiniciar
su vida. Una podría ser que tengan su
identificación oficial (INE) al salir, y otra
podría ser la generación de bolsas de trabajo.
De acuerdo con lsabel, México no tiene políticas
públicas de reinserción social, lo más cercano
es el Instituto de Reinserción Social en la
Ciudad de México, que está a cargo de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Una mujer haciendo una llamada desde uno de los
teléfonos de la cárcel en la que se encuentra,
en México. La organización EQUIS Justicia para
las mujeres vela por los derechos de esta y
todas las mujeres encarceladas.EQUIS Justicia
para las mujeres/Scopio
Una mujer haciendo una llamada desde uno de los
teléfonos de la cárcel en la que se encuentra,
en México. La organización EQUIS Justicia para
las mujeres vela por los derechos de esta y
todas las mujeres encarceladas.
El Instituto de Reinserción Social ayuda a los
antiguos reclusos, pero únicamente se encuentra
en la Ciudad de México, por lo que, EQUIS pide
que se replique en todos los estados, pues a su
parecer, urgen políticas públicas para que las
mujeres que estuvieron privadas de su libertad
puedan encontrar oportunidades para reintegrarse
en la sociedad.
Este Instituto tiene el objetivo de ofrecer
preparación y apoyos a las personas para que
fortalezcan sus habilidades laborales para su
empleabilidad o autoempleo, que les ayude a
lograr su proyecto de vida, esto a través de una
capacitación introductoria para crear un
proyecto de micro o pequeña empresa familiar y
puedan autoemplearse y tener un ingreso
económico.
Este programa también ofrece un apoyo económico
para que puedan mantenerse mientras se emplean o
autoemplean e iniciar su proceso de reinserción
social.
Por todo esto, en las acciones propuestas por
EQUIS se destaca la aplicación de medidas
alternativas a la privación de la libertad, en
el caso de mujeres embarazadas y madres que
hayan sido acusadas de delitos menores y no
violentos, como:
trabajar a favor de la comunidad,
someterse a un tratamiento de deshabituación en
caso de uso dependiente de sustancias
psicoactivas
presentarse a firmar ante una autoridad
pagar una multa
una amonestación verbal
También propone la participación de las mujeres,
las niñas y de la sociedad civil, en la
elaboración e implementación de las políticas de
drogas. |
