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12 Abril 2022
El número de víctimas de ese delito asciende a 95.121. Un comité
de la ONU de derechos humanos pide al Estado a la adopción e
implementación de una política nacional de prevención y
erradicación de las desapariciones.
El Comité contra las Desapariciones Forzadas* denunció este
martes que los responsables del crecimiento de las
desapariciones en México son los servidores públicos, tanto del
ámbito federal, estatal y municipal, como el crimen organizado,
al que considera perpetrador central de las desapariciones.
Durante la presentación de su informe sobre la vista que
realizaron del 15 al 26 de noviembre de 2021, el órgano de
expertos independientes instó a tomar acciones inmediatas para
acabar con la impunidad absoluta y a instaurar una política
nacional que sirva para prevenir esta tragedia humana.
“El Comité urge al Estado a la adopción e implementación de una
política nacional de prevención y erradicación de las
desapariciones que aborde el conjunto de observaciones y
recomendaciones presentadas en su informe por el Comité”,
destacó su presidenta, Carmen Roda Villa Quintana.
El análisis del Comité concluye que las desapariciones forzadas
son “una situación o cuestión generalizada” e indicó que a 26 de
noviembre el número de personas registradas que fueron víctimas
de ese delito ascendía a 95.121, 112 de ellas durante la visita
del Comité.
“Entre el 2006 y el 2021 se produce un crecimiento exponencial
de las desapariciones en el país. Esto es un 98% del total
desapariciones que ocurrieron durante dicho periodo”, acotó.
Roda indicó que la mayoría de los desaparecidos son hombres de
15 a 40 años, aunque se advierte que las cifras oficiales
reportan una creciente tendencia a la desaparición de niñas y
niños a partir de los 12 años, aunque también se debe incluir a
los adolescentes y a las mujeres.
La experta añadió que “se trataría de desapariciones que
tendrían como objeto ocultar la violencia sexual, el
feminicidio, la trata y la explotación sexual”.
También mostró su preocupación por la desaparición de los
defensores de los derechos humanos y de más de 30 periodistas
entre el 2003 y el 2021, ya que “ninguna de estas personas ha
sido localizada y las investigaciones y las sanciones a los
responsables no han tenido avances”.
Del mismo modo, el Comité consideró de “particular preocupación”
la victimización de las mujeres ya que durante las
desapariciones son las que se quedan a cargo de las familias y
se encargan de la búsqueda de sus seres queridos por sus propios
medios.
“Además de los efectos sociales y económicos, son también
víctimas de violencia, persecución, estigmatización, extorsión y
represalias”, añadió.
La impunidad es un fenómeno estructural
Otro de las alarmantes tendencias que refleja el informe es que
la tendencia al aumento de las desapariciones fue facilitada por
la existencia de una impunidad “casi absoluta”
“La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la
reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y
pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes
defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos
que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y
a la sociedad en su conjunto”, dijo el Comité.
Hasta el 26 de noviembre del año pasado, solo se judicializó
entre el 2 y el 6% de los casos de desapariciones forzadas y a
nivel nacional solo se han emitido 36 sentencias en los casos
dedicados a este delito.
“La actitud pasiva de las autoridades frente a las
desapariciones forzadas contribuye a la notable falta de
confianza de las víctimas en las autoridades. Frente a ello, un
alto número de casos de desapariciones no son denunciadas”,
resaltó.
Los actuales servicios forenses no son suficientes
El tercer y último gran eje que destaca el análisis es la crisis
forense a la que se enfrenta México.
Según datos públicos, más de 52.000 personas fallecidas no
identificadas se encuentran en fosas comunes, instalaciones de
los servicios forenses, universidades y centros de custodia y
almacenamiento forense.
“Los servicios forenses son insuficientes y varios de los
instrumentos previstos en la Ley General todavía no han sido
establecidos y no se cuenta con una política pública de
identificación humana en relación con la desaparición de
personas”, indicó.
Además, el Comité tomó nota de que, pese a los avances
institucionales y legales, el Plan Nacional de Búsqueda no se ha
implementado para llevar a cabo búsquedas e investigaciones.
Recomendaciones
En el apartado de recomendaciones, el informe identifica las
medidas que debería tomar México “para implementar una política
nacional para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas”.
El Comité también urgió a la nación norteamericana “a fortalecer
los procesos de búsqueda e investigación, brindar apoyo humano y
financiero adecuado a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las
comisiones locales, y asegurar la coordinación sistemática y
efectiva de todas las instituciones involucradas en el proceso
de búsqueda, investigación, reparación y acompañamiento a las
víctimas”.
“Para que en México la desaparición deje de ser el paradigma del
crimen perfecto, la prevención debe ser el centro de la política
nacional para la prevención y erradicación de las desapariciones
forzadas”, concluyó el Comité.
El Comité contra las Desapariciones Forzadas supervisa la
adhesión de los Estados partes a la Convención Internacional
para la protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas. El Comité está integrado por 10
miembros que son expertos independientes en derechos humanos
procedentes de todo el mundo, que actúan a título personal y no
como representantes de los Estados partes
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