A DÓNDE VAN LOS DESAPARECIDOS: Vivir en un Chevy: Así
“investiga” la fiscalía de Puebla las desapariciones
Publicado por A dónde van los desaparecidos
Emma fue despojada de su casa, y a Rafael lo encarcelaron dieciocho
meses. Hasta hoy, los hermanos López Juárez no saben por qué los agentes
llegaron un día de 2021 a asegurar su vivienda, ni por qué los
vincularon con la desaparición de dos primos en la capital poblana. No
les han mostrado la carpeta de investigación ni les han devuelto sus
bienes; por eso viven en la calle
Por Aranzazú Ayala Martínez para A dónde van los desaparecidos
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Emma López Juárez vive en un Chevy negro desde el 18
de septiembre de 2021. Ese día, agentes de la fiscalía especializada en
desapariciones de Puebla entraron con una orden de cateo a su casa,
ubicada en la Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza de la capital del estado.
Buscaban indicios sobre la desaparición de dos primos de 37 y 34 años,
quienes habían sido vistos por última vez tres semanas antes en la
colonia La Paz, a seis kilómetros del domicilio de la maestra.
Ese martes, como cada día, Emma salió temprano a trabajar; desde hacía
seis años era empleada en una pastelería, donde empezó como ayudante de
producción y luego pasó al área de etiquetados. Al regresar, encontró su
casa saqueada por los policías y a su hermano Rafael detenido; tampoco
estaban sus dos perros, que según los vecinos mataron durante el
operativo. El profesor de bachillerato, entonces de 54 años, pasó
dieciocho meses en la cárcel antes de ser liberado.
De pie frente al Chevy, Emma voltea hacia la puerta de metal de su
hogar, al que una orden judicial le impide acceder. “Estamos ahí afuera,
ahora los dos [ella y su hermano] dormimos en el coche”, cuenta. “Bueno,
una carcacha que tenemos, porque pues no podemos pasar, no tenemos
ahorita tampoco nada que testimonie que podemos trabajar. No tenemos
documentos, no tenemos empleo, no tenemos dinero”.
Emma perdió sus bienes y su familia en apenas unas horas. Durante el
cateo, dice, también le robaron 200,000 pesos en ahorros y, debido a que
estaban en el interior de la vivienda, no ha podido recuperar sus
certificados de estudio y su cédula profesional, tampoco los de Rafael,
por lo que se les dificulta conseguir trabajo. Con una maestría en
Literatura, la mujer de 58 años refiere que durante más de dos décadas,
de 1988 a 2011, trabajó como correctora de estilo y redactora en El
Heraldo de Puebla.
Desde ese día de septiembre, la Fiscalía Especializada para la
Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de
Personas y Desaparición cometida por Particulares ha violado su derecho
a la vivienda, pues no le permiten ingresar a su casa, y al debido
proceso, ya que no le han dado acceso a la carpeta de investigación,
señala en entrevista Daniela Torres Parra, abogada de la Clínica
Jurídica Minerva Calderón de la Ibero Puebla.
Hasta hoy, la desaparición de los primos Erick N. P. y Juan N. V.
–hallados muertos días después– sigue sin resolverse, y ni a Emma ni a
Rafael les han explicado por qué fueron relacionados con el delito.
“No quieren entregar la casa, la camioneta, el dinero ni nada, porque
saben que todo lo hicieron mal. Hay niños, hay niñas [del vecindario]
que vieron [lo que pasó] y que desechan desde el principio la versión de
los ministeriales, porque ellos nos dicen que llegaron y tocaron muy
amables, pero no, llegaron a romper la casa”, denuncia Rafael.
A las diez de la mañana del 18 de septiembre de 2021, cerca de veinte
policías judiciales y ministeriales rodearon la casa de los hermanos
López Juárez. En su interior descansaba Rafael; el profesor de
bachillerato se había contagiado de covid-19, por lo que tuvo que
regresar de Huauchinango, en la Sierra Norte de Puebla, para dar sus
clases en línea. Quince días antes había comprado una camioneta blanca
Lincoln Navigator 2006, que ese día cubría la entrada de la vivienda que
habitaba la familia desde 1979.
Los vecinos de la Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza, una colonia popular
con altos índices delictivos, bajaron las cortinas de sus negocios ante
las advertencias de los policías. Cuando Emma volvió de la pastelería a
las dos de la tarde se encontró la vivienda asegurada, pero con las
puertas abiertas. En la entrada estaba el documento que le impedía
entrar: una copia de la solicitud de la fiscalía especializada para que
se ejecutara la orden de cateo, como parte de la investigación contenida
en la carpeta FGRP/CDI/FEIDDFDCP/DESAPARECIDOS-1/000634/2021. Supo por
los vecinos lo que había pasado; también le dijeron que mejor no se
acercara, temían que hubiera agentes encubiertos o delincuentes en los
alrededores o dentro de la casa.
Para entonces, un rumor había empezado a correr en la colonia: los
hermanos López Juárez, conocidos como “los maestros”, empezaron a ser
llamados “los descuartizadores”.
La fiscalía especializada argumentó, en la solicitud a la jueza para que
autorizara la orden de cateo –a la que tuvo acceso este medio, así como
a otros documentos relacionados con el proceso de Rafael y con las
gestiones para recuperar la vivienda–, que esperaba encontrar en la casa
indicios sobre el paradero de los primos, aunque para esa fecha sus
cuerpos ya habían sido localizados.
Los dos hombres fueron vistos por última vez el 27 de agosto, cuando
acudieron a una entrevista de trabajo en la ciudad de Puebla; cuatro
días después se encontraron sus cuerpos, calcinados y con huellas de
violencia, en el municipio mixteco de Izúcar de Matamoros, a más de una
hora de distancia de la capital poblana. Según reportes de medios
locales, desde el día 3 de septiembre habían sido identificados. Ese
mismo mes, el día 29, la Fiscalía General del Estado (FEG) de Puebla
informó sobre la detención de una banda de cinco secuestradores, a la
que vincularon con los crímenes.
“No encontraron nada [durante el operativo] porque es lógico que
nosotros no nos dedicamos a hacer otra cosa más que trabajar y
estudiar”, dice Emma. “Entonces, se lo llevan [a Rafael] por cohecho y
delitos contra servidores públicos. Después de eso, mataron a mis perros
que tenía, dejaron las puertas abiertas; todo me saquearon, todo, todo,
todo”.
Antes de ese día, el tiempo libre de los hermanos transcurría entre
recopilar leyendas de Puebla para convertirlas en narraciones, convivir
en familia y salir de viaje. Preparaban una trilogía de libros con estas
historias, que durante diez años Emma publicó cada domingo en El Heraldo
de Puebla. “Y luego con esto se nos acabó todo”, lamenta.
Aún no saben por qué los agentes aseguraron su casa. Llegaron a pensar
que podía relacionarse con la compra de la camioneta, que un vecino le
vendió a Rafael, pero un documento del Registro Público Vehicular, en
poder del profesor, consigna que no tiene reporte de robo ni está
relacionada con ningún delito.
La abogada Torres Parra precisa que la fiscalía especializada, si bien
tiene el derecho de solicitar órdenes de cateo e investigaciones cuando
haya indicios suficientes del delito que se persigue, ha impedido el
acceso a la justicia de los hermanos López Juárez.
De haber encontrado indicios en la casa, explica, tendrían que habérselo
notificado a la dueña, Emma. Pero eso no sucedió; a la fecha, ni ella ni
Rafael han podido revisar la carpeta de investigación porque el agente
del Ministerio Público (MP) que investiga la desaparición de los primos
no se los ha permitido, aseguran los hermanos.
Torres Parra aclara que, aunque los primos ya no están desaparecidos,
pues fueron identificados como víctimas de homicidio, la fiscalía
especializada sigue a cargo de la investigación porque los cuerpos
fueron encontrados cuando se había iniciado la indagación por el delito
de desaparición y le corresponde concluirla.
“En caso de que [Emma y Rafael] estuvieran siendo investigados [por la
desaparición], tendrían derecho a revisar la carpeta de investigación,
porque es parte del derecho de su defensa. Si no, por el simple hecho de
que aseguraron y catearon su inmueble deberían poder verla, y eso les
daría un poco de luz para saber si encontraron algo, y así podrían pedir
que se retirara el aseguramiento. El [agente del] ministerio público, al
negarles el acceso a la carpeta, está violando su derecho a la
información y a una defensa técnica y adecuada”, señala.
‘No están encontrando a los desaparecidos’
Según las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No
Localizadas (RNPDNO), las desapariciones en Puebla se han multiplicado
en los últimos años. De 66 personas registradas en 2020, el número
aumentó a 442 en 2023, y tan solo del 1 de enero al 21 de marzo de este
año hubo 163 casos. Actualmente, según el RNPDNO, hay 2,786 personas
desaparecidas en el estado.
La desaparición de Guillermo Raúl López Escobedo, el pasado 28 de
diciembre en Amozoc, generó bloqueos y movilizaciones. (Anel Esgua/EsImagen/ObturadorMX)
La investigación y el esclarecimiento de las desapariciones en Puebla
son prácticamente nulos. Un análisis de la organización Impunidad Cero
consigna que el estado tiene 99.6% de impunidad acumulada de 2019 a 2022
en casos de desaparición forzada y cometida por particulares, porcentaje
que se obtuvo tras comparar las sentencias por estos delitos con los
casos registrados en el RNPDNO.
Incluso cuando se condena a los culpables, las personas continúan sin
ser localizadas. Según el portal Manatí, en los pasados meses de
diciembre y enero, la FGE de Puebla logró tres sentencias por la
desaparición de Nicora García, Ariana Corona, Betzabé Alvarado y Fabiola
Narváez, pero ninguna de las cuatro jóvenes ha sido hallada.
“Tenemos casos con sentencias condenatorias y otros con sentencias
absolutorias por deficiencias de la fiscalía, pero las víctimas siguen
desaparecidas; se están enfocando más en cuadrar una investigación para
tener a alguien castigado que en la búsqueda”, advierte en entrevista
María Luisa Núñez Barojas, fundadora del colectivo Voz de los
Desaparecidos en Puebla. “Hay algunos perpetradores que, por lo menos,
tienen una sentencia condenatoria, pero otros están libres, y las
víctimas continúan desaparecidas, sin un rastro ni una pista que nos
indique que pronto se les va a encontrar”.
Para la madre buscadora, el trabajo de la fiscalía especializada –creada
en 2020 como una unidad administrativa de la FGE– resulta insuficiente e
ineficiente. Subraya que ni los veinte MP ni los más de treinta
elementos de la policía investigadora asignados al área han logrado un
mayor número de localizaciones.
“Ya hay más agentes del ministerio público y de investigación, ya tienen
más herramientas porque existe una ley general, hay [también] una ley
estatal y un protocolo, ya tienen más recursos porque año con año le han
incrementado el presupuesto a la Fiscalía General del Estado, pero de
todas formas no están encontrando a los desaparecidos; entonces, ¿cuál
es el problema?”, subraya. “La realidad es que las víctimas no son
buscadas […], cuando se da el aviso de que hay bolsas con cuerpos
desmembrados o una fosa, normalmente es resultado del trabajo que hacen
las familias y de que consiguen información de testigos”.
Alexia Martínez Montalbán, responsable del Observatorio de Desaparición
de Personas del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la
Ibero Puebla, cuenta que han identificado una gran cantidad de carpetas
de investigación asignadas a cada agente del MP, lo que impide que
conozcan la totalidad de su contenido y provoca que, cuando atienden
una, descuiden otra.
“En muchas carpetas de investigación, por omisiones no se tuvo acceso a
cosas muy importantes, como las redes de vínculos, las sábanas de
llamadas”, agrega. “Sabemos de mucha negligencia al interior de la
fiscalía con muchos casos, pierden pruebas relevantes y la integración
de las carpetas a veces es insuficiente”.
En lucha por su hogar
El laberinto judicial en que se vio inmersa Emma se bifurcó tras la
detención de Rafael: trataba de obtener la libertad de su hermano,
probar su inocencia, y a la vez recuperar su casa.
Rafael fue detenido cerca de las once y media de la mañana de ese 18 de
septiembre; lo trasladaron desde los separos al Centro de Readaptación
Social (Cereso), acusado de los delitos de cohecho y ataque a
funcionarios. El profesor sostiene que la acusación es falsa, pues con
el argumento de que tenía dinero en la bolsa del pantalón y que dentro
de su casa había un machete apoyado en la pared, las autoridades
aseguraron que trató de sobornar y agredir a los policías que
participaron en el operativo.
Para lograr la liberación de su hermano, Emma acudió el 5 de septiembre
de 2022 al Martes Ciudadano, una iniciativa del fallecido gobernador
Miguel Barbosa Huerta para atender las peticiones de la ciudadanía. El
mandatario turnó su caso a la Defensoría Pública del estado.
“Él [Barbosa] me apoyó, me contactó con la licenciada de la Casa de
Justicia [un espacio estatal que brinda ayuda en los procesos legales];
ella, después de los ocho licenciados de oficio que nos habían cambiado,
le tupió, le tupió, le tupió, y [mi hermano] salió con suspensión
condicional del proceso”.
Emma, de 58 años, trabajó durante más de dos décadas como correctora de
estilo y redactora en El Heraldo de Puebla. (Daniela
Portillo/EsImagen/ObturadorMX)
El profesor estuvo preso dieciocho meses; tras ser liberado, el 27 de
marzo de 2023, tuvo que acudir durante medio año al Cereso a firmar cada
semana como medida cautelar mientras concluía el proceso penal;
finalmente, fue absuelto el pasado 27 de septiembre. “No se le pudo
demostrar nada”, dice Emma.
Este 4 de abril, Rafael tendrá una última audiencia para finalizar el
proceso y solicitar la devolución de los bienes que le quitaron: su
dinero y su camioneta.
La otra batalla de la maestra era por su casa. Pese a que acreditó la
propiedad ante el agente del MP de la fiscalía especializada, se han
negado a devolvérsela.
“Le dije [al MP] que es mi casa, pero él dice no, no lo es, tu casa está
intestada. Pero es mi casa, me la donó mi señor padre y también mi
hermana; ambos ya murieron, una en 2010 y mi padre en 2011, entonces la
casa es mía”.
Según las escrituras, Emma es la dueña de la vivienda, pues le fue
donada por su padre, Pedro López Ortiz, quien tenía junto con su hija
María del Carmen el usufructo vitalicio del inmueble, es decir, podían
habitarlo mientras vivieran. Puesto que ambos fallecieron, ahora la
propietaria es la maestra.
De acuerdo con la abogada Torres Parra, el único posible obstáculo para
recuperar la casa sería que, tras la muerte del padre y de la hermana de
Emma, no se hubiera cancelado el usufructo vitalicio ante la notaría o
el Registro Público de la Propiedad, pero aun así debería poder
recobrarla. “De hecho, la única dificultad es la carente buena
diligencia que debería tener la fiscalía”.
La maestra interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Puebla (CDH Puebla), con el oficio FGE/FEDH/UDH/0421/202, el
25 de noviembre de 2021 por el aseguramiento de la casa por la FGE, que
fue desestimada el 2 de mayo de 2022.
Rafael denunció el caso al fiscal general de Puebla, Gilberto Higuera
Bernal, quien el 19 de mayo de 2023 dirigió un oficio al titular de la
fiscalía especializada, Alejandro García Badiola, y al visitador general
Mario Ángel D’Abbadie Reyes, con la instrucción de que le dieran
seguimiento. Tres días después, la Visitaduría General le informó que
verificarían que los “servidores públicos de la institución” cumplieran
con la procuración de justicia.
Los hermanos también solicitaron la ayuda del actual gobernador, Sergio
Salomón Céspedes. Su caso fue turnado al área jurídica del DIF
(Desarrollo Integral de la Familia) estatal desde el pasado 23 de mayo
para que les brinden acompañamiento legal, pero no se ha logrado ningún
avance.
“Nos encontramos ante autoridades que no conocen de violaciones a
derechos humanos y que, además, las perpetúan”, afirma Torres Parra. “La
fiscalía especializada tiene muchísimo trabajo pendiente, me parece muy
impactante que en lugar de dedicarse a investigar y buscar responsables
se dediquen a jugarle chueco a personas que ya comprobaron que no tienen
nada que ver [con un delito] y sigan violentándolas”.
Al consultar a la FGE sobre el caso, su enlace de prensa indicó que el
inmueble continúa asegurado porque la investigación por la desaparición
y el homicidio de los dos primos no ha concluido, sin dar más
información.
Dormir en un coche
Aunque mide poco más de metro y medio de altura, Emma dice que se ha
encogido desde el 2021, al tener que dormir sentada en el estrecho
Chevy. Fue lo único que le dejaron los ministeriales, el vehículo
estacionado afuera de su casa. Rafael, más alto, se acomoda en el
asiento del copiloto con las piernas estiradas, mientras su hermana
duerme sentada, encogida a su lado.
Desde ahí, Emma vio cómo los delincuentes saqueaban su vivienda, cada
noche, sin tregua. Salían en la madrugada, cargados con sus cosas. “El 6
de septiembre de 2022 un ratero entra, jala el calentador y abre la
puerta; yo hice mi reporte a la policía, de que no puedo entrar a mi
casa y que esto pasó”. Pero las autoridades no hicieron nada.
Emma vive en el Chevy, cuenta, para evitar que su casa termine
completamente desmantelada. Pero el mismo automóvil ha sido poco a poco
destruido: le han robado las llantas, los rines, le rompieron un vidrio
e incluso le quitaron partes del cofre.
Desde que Emma perdió su trabajo en la pastelería, en noviembre de 2023,
los hermanos López Juárez tienen una rutina diaria que solo se modifica
cuando van a hacer diligencias a la fiscalía. O cuando sus vecinos los
invitan a comer, a cenar un pan con café, o “a un convivio”.
Se levantan temprano, antes de las seis y media, y salen a buscar
plástico y aluminio por la colonia y sus alrededores. Caminan entre tres
y cinco horas para juntar residuos que luego venden a un centro de
reciclado; el más cercano les queda a 40 minutos a pie de su casa.
Aunque Emma ha ingresado solicitudes de trabajo “en todos lados, de lo
que sea”, no la quieren contratar, dice, ya sea por su edad o porque no
tiene documentos. Y es que expedir la cédula profesional cuesta poco más
de 400 pesos, que ni ella ni Rafael tienen.
“Unas vecinas me han regalado ropa, zapatos, porque pues no tengo; así
como salí, así ando”. Dice que lo único que quiere es su casa. Que se la
devuelvan porque es suya. Aunque prácticamente sea un basurero, un
cascarón vacío, para ella continúa siendo su hogar.
Aranzazú Ayala Martínez
Es licenciada en literatura, periodista especializada en la cobertura de
temas de Derechos Humanos, movimientos sociales, defensa del territorio
y violencia de género. Actualmente es reportera del equipo de
investigación periodística de www.adóndevanlosdesaparecidos.org en donde
también es encargada del área de capacitaciones de La Red de Periodistas
Especializadxs en Cobertura de Desaparición de Personas.
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