DESINFORMÉMONOS: Criminalización de defensores
indígenas, “una tendencia alarmante” en México, denuncian organizaciones
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Publicado por Desinformémonos
Redacción Desinformémonos
3 agosto 2024
Ciudad de México | Desinformémonos. La criminalización, detención
arbitraria, prisión preventiva prolongada e imposición de penas
excesivas por cargos fabricados e infundados contra defensores indígenas
en México “se ha vuelto una tendencia alarmante que muestra un patrón de
racismo y violencia desproporcionada por parte del Estado mexicano”,
aseguraron organizaciones indígenas, colectivos y centros de derechos
humanos.
En un pronunciamiento, señalaron que la criminalización los defensores
indígenas buscan la desmovilización de las luchas por los derechos
colectivos de las comunidades, “impactando no sólo en la vida individual
y familiar de las y los defensores criminalizados”, sino también en “el
goce de los derechos” como pueblos indígenas.
Entre los paradigmas de la criminalización y detenciones actuales que
resumieron las organizaciones, incluyeron los casos del defensor binnizá
David Hernández Salaz, quien lucha contra la imposición del Corredor
Transístmico en Puente Madera, Oaxaca; el caso de Saúl Rosales Meléndez,
detenido por oponerse a la tala ilegal en el estado de Tlaxcala; y los
casos de los cinco defensores maya-tseltales de San Juan Cancuc,
Chiapas, detenidos con delitos prefabricados por oponerse a la
militarización de su territorio y la construcción de obras y
megaproyectos.
“Resulta preocupante que el sistema judicial no tome en cuenta los
efectos de penas privativas de libertad contra quienes son parte de
pueblos indígenas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha
señalado que ‘la separación de la persona indígena de su comunidad y
territorio, elementos constitutivos de su identidad cultural, puede
conllevar a profundos sufrimientos que sobrepasan aquellos inherentes a
la estancia en prisión y tienen un impacto negativo sobre los miembros
de la comunidad indígena’”, precisaron las organizaciones, entre las que
se encuentra la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la
Tierra y el Territorio (APIIDTT), Front Line Defenders y la Red Nacional
de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para
Todas, Todos y Todes” (Red TDT).
Frente a los casos de criminalización, detención arbitraria, prisión
preventiva prolongada e imposición de penas excesivas, los colectivos
exigieron a las autoridades mexicanas a cumplir con los estándares
internacionales de derechos humanos de protección de las personas
defensoras de derechos humanos, así como con los estándares referentes a
los pueblos indígenas, así como liberar a los defensores del territorio
criminalizados y la reparación integral de los daños.
A continuación el comunicado completo:
Las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación
por el contexto de criminalización contra líderes y lideresas indígenas
que defienden derechos humanos en México. Enfrentan detención
arbitraria, prisión preventiva prolongada así como penas privativas de
libertad injustas, excesivas y desproporcionadas, afectando así su labor
de defensa de derechos humanos e impactando en su vida personal,
familiar y comunitaria. Los casos de David Hernández Salazar y Pablo
López Alavez en el estado de Oaxaca, el caso de Kenia Hernández
Montalván y de Tomás Martínez Mandujano en el Estado de México, así como
el caso de Saúl Rosales Meléndez en el estado de Tlaxcala, y los casos
de Versaín Velasco García y los defensores maya-tseltales de San Juan
Cancuc, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, Juan Velasco
Aguilar y Agustín Pérez Domínguez en Chiapas, ilustran este preocupante
patrón de persecución y criminalización.
En febrero de 2024, el defensor indígena binniza David Hernández
Salazar, integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en
Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) y representante de la
comunidad indígena de Puente Madera en Oaxaca, fue condenado a 46 años y
6 meses de prisión por los delitos fabricados de daños por incendio y
lesiones dolosas. Esta acusación y condena se dio como represalia a su
oposición pacífica a la instalación del Polo de Desarrollo para el
Bienestar (PODEBI) de San Blas Atempa en las tierras de uso común El
Pitayal, en el marco del megaproyecto del Corredor Interoceánico del
Istmo de Tehuantepec (CIIT). En febrero de 2024, la defensa ingresó la
apelación contra esta sentencia, y en mayo fue absuelto por el Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. La campaña de criminalización
y judicialización contra el defensor inició en 2021, durante ese tiempo
se enfrentó a dos demandas de orden federal y una estatal, las cuales
ahora han concluido, siendo finalmente absuelto y sin delito que
perseguir en su contra.
En 2010, el defensor indígena zapoteco Pablo López Alavez fue detenido
arbitrariamente. Tras 14 años, su caso continúa en proceso de
instrucción y sin sentencia. El líder zapoteco enfrenta cargos
fabricados en represalia a su liderazgo comunitario, y de defensa del
agua y del medio ambiente de su comunidad de San Isidro Aloápam en
Oaxaca. Pablo López continúa injustamente privado de la libertad a pesar
de que la criminalización y las graves violaciones a sus derechos han
sido reconocidas a nivel internacional a través de llamados a su
liberación así como de opiniones tales como la del Grupo de Trabajo
sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas en la Opinión
número 23/2017.
Desde el 2022, la abogada y defensora indígena amuzga Kenia Hernández
Montalván, se encuentra cumpliendo una condena de 21 años y 9 meses de
prisión, luego de ser sentenciada dos veces en menos de un mes a más de
diez años de prisión por condena por el delito fabricado de “robo con
violencia”. Kenia era coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive,
desde donde promovía el derecho al territorio y los derechos colectivos
de los pueblos indígenas amenazados por modelos de desarrollo liderados
por el Estado mexicano. A la fecha, la defensora enfrenta nueve cargos
en su contra como represalia a su trabajo de defensa y resistencia
pacífica. En mayo de 2022, la Relatora Especial sobre la situación de
los defensores de derechos humanos, el Grupo de Trabajo sobre la
Detención Arbitraria y el Relator Especial sobre los derechos de los
pueblos indígenas de las Naciones Unidas escribieron a las autoridades
mexicanas expresando su preocupación por este caso. Tras la respuesta de
las autoridades mexicanas, la Relatora Especial sobre la situación de
los defensores de derechos humanos llamó a que Kenia fuera puesta en
libertad inmediatamente.
En enero de 2024, el líder indígena otomí, albañil y defensor de
derechos humanos Tomás Martínez Mandujano de la comunidad de Llano
Grande Azcapotzaltongo, Estado de México, fue condenado a 43 años y 9
meses de prisión por un asesinato que no cometió. La sentencia se dio
como represalia a su labor de defensa del territorio de la comunidad –
sobre el cual tienen un título primordial ancestral, – de los intereses
privados de empresas inmobiliarias que pretenden explotar el territorio
por contar con un fácil acceso a recursos hídricos.
En marzo de 2024, el líder indígena nahua y presidente comunitario Saúl
Rosales Meléndez de la comunidad San Pedro Tlalcuapan, estado de
Tlaxcala, fue condenado a 20 años de prisión por un asesinato que no
cometió. Su sentencia es resultado de la incapacidad de las autoridades
de investigar casos de linchamientos cada vez más frecuentes en la
región, lo cual fue utilizado como represalia contra Saúl por liderar la
defensa del bosque de la montaña Matlalcueyetl – también conocida como
La Malinche – frente al daño ambiental causado por el desarrollo de
actividades extractivas en el área sin el consentimiento previo de la
comunidad. La sentencia basa sus razonamientos en estereotipos negativos
sobre el cargo que ostentaba Saúl como presidente de comunidad,
atribuyendo a sus usos y costumbres el hecho de haber permitido la
comisión del delito. El defensor se encuentra criminalizado y detenido
desde el 14 de julio de 2022.
En enero de 2024, el defensor de derechos humanos y del territorio del
pueblo indígena maya tzotzil, Versaín Velasco García, fue condenado a 58
años de prisión tras ser acusado injustamente de homicidio. Versaín
Velasco ha sufrido hostigamiento y criminalización debido a su activa
labor de defensa de derechos humanos en su comunidad Nueva Palestina,
Chiapas, donde denunció numerosos abusos de autoridad y eventos
violentos, incluyendo abusos sexuales, trata de personas, asesinatos y
otras denuncias públicas. El defensor se encuentra detenido desde enero
de 2022. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió el 31 de
agosto de 2023 la RECOMENDACIÓN NO. 157/2023, sobre las violaciones de
derechos humanos a favor de Versain, su esposa, dos hijos y su hermana.
Los defensores comunitarios del pueblo maya tseltal de San Juan Cancuc
Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar y
Agustín Pérez Domínguez fueron condenados a 25 años de prisión por un
asesinato que no cometieron. Fueron detenidos arbitrariamente en el 2022
por autoridades estatales, entre ellas miembros del ejército mexicano y
la Guardia Nacional. El Estado ha amedrentado a la población para no
atestiguar en su favor. Fueron condenados inicialmente en mayo de 2023,
después de un laberíntico proceso de impugnaciones su juicio fue
repuesto, sin embargo fueron nuevamente condenados, generando una
situación de desgaste emocional y económico. La sentencia se dio como
represalia a su labor de defensa del derecho a la autonomía y la libre
determinación del pueblo maya tseltal, resaltando la oposición del
pueblo de Cancuc al megaproyecto carretero San Cristóbal – Palenque.
La criminalización, detención arbitraria, prisión preventiva prolongada
e imposición de penas excesivas por cargos fabricados e infundados
contra personas defensoras de derechos humanos pertenecientes a pueblos
indígenas en México se ha vuelto una tendencia alarmante que muestra un
patrón de racismo y violencia desproporcionada por parte del Estado
mexicano. Este patrón de detenciones arbitrarias contra personas
defensoras de derechos humanos, en su mayoría indígenas, ha sido
reconocido a nivel internacional. Estas violaciones de derechos humanos
han tenido como objetivo la desmovilización de las luchas por los
derechos colectivos de las comunidades indígenas, impactando no solo en
la vida individual y familiar de las y los defensores criminalizados,
pero en el goce de los derechos colectivos como comunidades indígenas.
La detención arbitraria, prisión preventiva prolongada y condenas
impuestas contra estas personas defensoras son tan altas que pueden
calificarse como “cadenas perpetuas informales”. Estas no satisfacen el
principio de proporcionalidad e incluso pueden equivaler a un trato
cruel, inhumano y degradante al privar a la persona detenida de la
posibilidad de rehabilitación y reinserción en la sociedad y en su
comunidad, fin de la imposición de penas bajo el derecho penal.
Sumado a ello, resulta preocupante que el sistema judicial no tome en
cuenta los efectos de penas privativas de libertad contra quienes son
parte de pueblos indígenas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos
ya ha señalado que “la separación de la persona indígena de su comunidad
y territorio, elementos constitutivos de su identidad cultural, puede
conllevar a profundos sufrimientos que sobrepasan aquellos inherentes a
la estancia en prisión y tienen un impacto negativo sobre los miembros
de la comunidad indígena”.
Lo anterior coincide con lo señalado por el Subcomité para la Prevención
de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de
las Naciones Unidas, el cual afirma que “el vínculo con la comunidad es
determinante en la estructuración de la identidad individual y colectiva
de sus integrantes y la prisión atenta directamente contra esta
relación”, al punto de que “para muchas personas indígenas la privación
de la libertad en cárceles constituye un trato cruel, inhumano y
degradante, cuando no inclusive una forma de tortura”.
En vista de lo anterior, las organizaciones firmantes rechazan el uso
indebido del derecho penal con el fin de restringir la labor de defensa
de las personas defensoras de derechos humanos, especialmente de quienes
pertenecen y defienden los derechos de los pueblos indígenas, pues
afecta su derecho a la identidad cultural y su relación con la
comunidad. De esta forma, no solo se limita el derecho de los pueblos
indígenas a defender sus intereses y derechos colectivos, sino también
se vulnera su identidad y unidad al desplazar a sus integrantes a
centros penitenciarios para cumplir penas desproporcionadas e
injustificables.
Las organizaciones firmantes instan a las autoridades en México a
cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos de
protección de las personas defensoras de derechos humanos, así como con
los estándares referentes a los pueblos indígenas, con el fin de evitar
el uso indebido del derecho penal para restringir la labor de quienes
defienden los derechos de sus comunidades y pueblos. También a aplicar
el enfoque diferenciado intercultural pertinente en estos casos. Las y
los líderes indígenas defensores de derechos humanos David Hernández
Salazar, Pablo López Alavez, Kenia Hernández Montalván, Tomás Martínez
Mandujano, Saúl Rosales Meléndez, Versaín Velasco García, Agustín Pérez
Velasco, Martín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar y Agustín Pérez
Domínguez deben ser puestos en libertad de inmediato, los cargos
infundados en su contra deben de ser anulados y se les debe de reparar
integralmente el daño causado.
Organizaciones firmantes:
• Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el
Territorio (APIIDTT)
• Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba)
• Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero
• Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (Consorcio
Oaxaca)
• Front Line Defenders
• Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los
Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT)
• Colectivo de Saneamiento y Restauración de la Malintzi Tlalcuapan
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