MONGABAY: “Para ese derrame de sangre no hay cura”:
condenan a 28 años de cárcel a asesinos del caso Saweto
Publicado por Mongabay
por Enrique Vera en 12 abril 2024
Sentencia en primera instancia fue para los empresarios madereros José
Estrada y Hugo Soria, y para los taladores ilegales Josimar y Segundo
Atachi. Los jueces reservaron su dictamen contra Eurico Mapes, quien
está no habido.
El Poder Judicial acreditó que el cruento asesinato de los dirigentes
ashéninkas de Alto Tamaya-Saweto Edwin Chota, Leoncio Quintisima,
Francisco Pinedo y Jorge Ríos, el 1 de septiembre de 2014, fue cometido
con alevosía.
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El fallo ha sido considerado emblemático pues es el
primero relacionado con un caso en que líderes indígenas fueron
asesinados en defensa de su territorio. Sin embargo, el dictamen
judicial todavía puede ser apelado por los sentenciados.
“Me siento un poco tranquila, pero para ese derrame de sangre no hay
cura. Fueron 10 años, tuvimos que ser fuertes y seguir luchando”. El
testimonio lacónico pero conmovedor es de Ergilia Rengifo, exlideresa de
la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, selva del Perú. Ella conversó
con Mongabay Latam solo minutos después de que la Corte Superior de
Justicia de Ucayali condenara a 28 años y tres meses de cárcel efectiva
a cuatro de los cinco acusados por el asesinato de los líderes
ashéninkas Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Francisco Pinedo y Jorge
Ríos, perpetrado el 1 de septiembre de 2014.
El fallo en primera instancia fue contra los empresarios madereros Hugo
Soria Flores y José Estrada Huayta, y para los hermanos Segundo y
Josimar Atachi Félix, dentro del proceso iniciado en noviembre de 2023,
tras la anulación de una sentencia (también de 28 años y tres meses de
prisión efectiva) que el Poder Judicial había dictado en febrero del año
pasado. En la resolución, leída ayer durante casi dos horas, no fue
incluido el brasileño Eurico Mapes Gómez, para quien los jueces pidieron
renovar y tramitar las órdenes de ubicación y captura pues ha sido
declarado reo contumaz.
La Corte Superior de Justicia de Ucayali responsabilizó a José Estrada y
Hugo Flores de ser los instigadores del cuádruple homicidio, y halló a
los hermanos Atachi Félix como coautores materiales del crimen. El pago
por concepto de reparación civil en favor de los deudos fue fijado en
200 000 soles (54 000 dólares). En el caso de Eurico Mapes, también
sindicado por la fiscalía como autor material, la sala reservó su
juzgamiento hasta que sea ubicado y puesto a disposición de las
autoridades competentes.
“Recién después de 10 años tenemos la sentencia, pero vamos a esperar la
segunda instancia. Una vez que ya estén condenados como debe ser, y en
la cárcel, ahí me voy a sentir alegre”, remarcó Ergilia Rengifo. En
varios tramos del proceso, la exlideresa de Saweto se sintió
desalentada, confesó, y en medio de una batalla contra la impunidad que
le parecía perder: “Por eso decía: a dónde me voy si aquí en Perú no
tengo justicia, a dónde voy a ir, qué nos está pasando, por qué no hay
atención para los que hemos luchado por la tierra”.
Condena histórica
El abogado de las viudas de los cuatro dirigentes ashéninkas, Alberto
Caraza, dijo a Mongabay Latam que se trata de un fallo trascendental y
emblemático porque es el primero relacionado con crímenes en que
defensores ambientales indígenas del Perú han sido las víctimas. Caraza
recordó que desde la cruenta muerte de los dirigentes ashéninkas, ya son
33 líderes indígenas asesinados hasta la fecha. Precisamente, la sala
penal que dictó la condena acreditó que Edwin Chota, Leoncio Quintisima,
Francisco Pinedo y Jorge Ríos “realizaban acciones dirigidas a
salvaguardar la integridad de su comunidad (Alto Tamaya-Saweto)”.
Similar opinión tuvo Mariano Castro, ex viceministro de Gestión
Ambiental del Ministerio del Ambiente y actual director del Programa
Unidos por los Bosques – Fundación para la conservación y el Desarrollo
Sostenible, quien ha acompañado a los deudos en el desarrollo del largo
proceso. Para él, la sentencia constituye un referente de justicia
ambiental en el Perú y traslada un mensaje claro para quienes ponen en
riesgo, amenazan y matan a personas defensoras ambientales: recibirán la
sanción más alta. Al término de la audiencia, Castro hizo un llamado al
Estado para que garantice la seguridad de las familias de los líderes
ashéninkas y de la comunidad de Saweto. “Las amenazas no han acabado.
Hay que tener en cuenta que los sentenciados están libres y el riesgo,
en consecuencia, se mantiene. La aplicación del Mecanismo de Protección
para Personas Defensoras de Derechos Humanos en este caso debe ser de
inmediato”, consideró.
Alberto Caraza indicó que luego de la lectura integral de la sentencia,
programada por el Poder Judicial para el próximo 23 de abril, los
imputados tendrán cinco días para poder apelar la pena que han recibido.
Una situación que el abogado considera muy probable: “Seguro que van a
apelar (…) Nosotros esperábamos una sentencia condenatoria y así ha
sido. Pero no hay mucho que celebrar. Han pasado 10 años de los hechos y
lo que toca es defender de manera responsable esta sentencia”. Al lado
de Caraza, Ergilia Rengifo estuvo atenta al dictamen judicial. Lita
Rojas, viuda de Leoncio Quintisima, y Lina Ruiz, hija de Francisco
Pinedo, también asistieron. De la otra parte, solo el maderero José
Estrada siguió la audiencia virtualmente. Hugo Soria y los coautores
materiales no se presentaron a la corte de Ucayali.
Uno de los puntos que Alberto Caraza y las viudas de los cuatro
dirigentes ashéninkas pondrán en evaluación, según declaró el abogado a
Mongabay Latam, es si quedan conformes o no con la reparación civil.
Ello debido a que la solicitud era de 250 000 soles (67 567 dólares) por
familia agraviada, lo cual suma un millón de soles. Es decir, 800 000
soles (216 000 dólares) más de lo que el juzgado estableció. “Vamos a
ver si interponemos la apelación por eso”, anotó.
Cronología de la tragedia
El 31 de agosto de 2014, los cuatro dirigentes ashéninkas partieron
desde Alto Tamaya-Saweto con destino a la comunidad indígena de Apiwtza
(también de la etnia ashéninka), en el estado brasileño de Acre, donde
se iba a desarrollar una asamblea entre defensores ambientales del
bosque que protegían y que comprende una parte de la frontera entre Perú
y Brasil. El primer tramo del recorrido fue de ocho horas a bordo de un
bote por el río Tamaya. En el sector denominado Varadero de Cañaña, la
comitiva se detuvo a descansar y al amanecer retomaron el trayecto a
pie. En un tambo cercano a la quebrada Putaya, Chota, Quintisima, Pinedo
y Ríos fueron emboscados, torturados y luego asesinados. Cuando
regresaba a Alto Tamaya-Saweto desde Apiwtza, a donde los dirigentes no
habían llegado, el cazador Jaime Arévalo halló los cuatro cadáveres. Fue
el 6 de septiembre de 2014. Desde entonces, el camino de los deudos en
busca de justicia ha sido largo y tormentoso.
En un reportaje publicado el 16 de junio de 2022, cuando el juicio oral
estaba por iniciarse, Mongabay Latam detalló toda la secuencia de hechos
que derivaron en el cuádruple homicidio y la batalla que hasta ahora
libran las viudas contra la impunidad.
Edwin Chota era un tenaz opositor de los madereros ilegales que operaban
impunemente en Alto Tamaya-Saweto. Pero las constantes denuncias y
gestiones que impulsaba, desde el 2008, para conseguir la titulación de
las casi 80 000 hectáreas de su pueblo, lo habían puesto al centro de
una cadena de amenazas por parte de las mafias de taladores incrustradas
en el bosque de Saweto. Recién en julio de 2015, la comunidad de Alto
Tamaya-Saweto fue titulada. Tras la muerte de Chota, Ergilia Rengifo fue
elegida como lideresa de Saweto; la sucedió su hermana Karen Shawiri y,
posteriormente, Lita Rojas, viuda del dirigente Leoncio Quintisima.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía Provincial Corporativa contra
la Criminalidad Organizada de Ucayali, presentada en octubre de 2019,
los empresarios madereros Hugo Soria y José Carlos Estrada Huayta fueron
autores mediatos del delito de homicidio calificado en contra de los
líderes ashéninkas. En tanto, la denuncia del Ministerio Público, señala
que el brasileño Eurico Mapes Gómez y los hermanos Segundo y Josimar
Atachi Félix ejecutaron los asesinatos. Para los cinco, la fiscalía
había solicitado 35 años de prisión.
El 27 de febrero de 2023, el Poder Judicial impuso la pena de 28 años y
tres meses de cárcel efectiva, más el pago de 200 000 soles por concepto
de reparación civil en favor de los deudos, a los cinco imputados. Sin
embargo, seis meses después, en agosto de 2023, la Sala Penal de
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali declaró nula la
referida condena debido a presuntas irregularidades en el proceso.
Después de que el caso regresara a fojas cero, el pasado 2 de noviembre
comenzó el otro proceso judicial contra los cinco acusados, que ayer,
jueves 11 de abril, tuvo sentencia en primera instancia.
Testimonio clave
En el curso de este nuevo juicio, el Ministerio Público presentó la
declaración de un testigo protegido, quien precisó hechos y fechas que
fueron valorados para la emisión de la nueva sentencia. En la lectura de
la resolución, por ejemplo, se especificó que, el 29 de agosto de 2014,
el testigo protegido escuchó a Eurico Mapes, los hermanos Segundo y
Josimar Atachi, José Estrada y Hugo Soria amenazar y reírse de los
insultos que proferían en contra de Edwin Chota en un local de Putaya.
El líder ashéninka había llegado hasta allí para hacer una llamada
telefónica.
“Indicaban que iban a agarrarle, que era un soplón, un bocón (…)
Salieron a agarrarle cuando él (Chota) estaba marcando un teléfono.
Entonces le han ahorcado, le han golpeado contra el teléfono (…) Luego,
dentro del local, el señor José Estrada se levantó con su arma, salieron
todos y le dijeron (a Chota) que lo iban a matar donde sea, aunque sea
en su propia casa, que no iba a escapar, que los tenía hartos porque
denunciaba lo que defendía: el bosque, la naturaleza. Al cabo salieron
riéndose, burlándose, con su cerveza”, fue parte de la manifestación del
testigo protegido leída durante la audiencia del jueves.
Según la declaración del testigo, detallada en la lectura del fallo, él
retornó el 30 de agosto al caserío de Putaya. En un bar de ese sector,
conforme a su relato, José Estrada había comprado cerveza y allí también
estaban los hermanos Atachi Félix. “Fue ahí que Eurico Mapes llegó y
comentó que el señor Edwin (Chota), Francisco (Pinedo), Leoncio
(Quintisima) y Jorge (Ríos) son unos desgraciados, unos liosos, bocones,
que era la oportunidad para matarlos.
José Estrada dijo: ‘Si ustedes me traen su cabeza como charola de plata,
yo les pago’. Eurico y Josimar y Segundo Atachi respondieron que ellos
iban a ir con su personal (…) Hugo Soria dijo: ‘Ojalá que no le escapen
porque él me ha hecho decomisar la madera que tenía en el aserradero’.
Eso pasó”, narró la jueza Ana Bedoya lo dicho por el testigo.
“(El testigo protegido) indica luego que el día 2 de septiembre (los
asesinos) llegaron y dijeron que “ya les habían muerto, que les habían
agarrado en el tambo (a los líderes ashéninkas) cuando estaban comiendo,
que no tenían opción de escapar”. En el bar de Putaya, le dijeron a José
Estrada: “Habla patrón, habla jefe”. “Díganme qué ha pasado”, preguntó
él. “Listo, ya se terminó la pesadilla, ya les hemos muerto, su pedido
ha sido cumplido”. Y ahí todos pedían sus pagos”, continuó la jueza con
la lectura de la declaración.
El Juzgado Penal Colegiado, conformado por Ana Bedoya Maque, Dilmer Iván
Meza y Celinda Pizán Ugarte, estableció que lo manifestado por el
testigo protegido está debidamente corroborado y tiene fuentes de
verificación. Por ello, los jueces acreditaron no solo la muerte de los
líderes ashéninkas como consecuencia, sino también la alevosía con la
que se cometieron los asesinatos. Para el abogado Caraza, el relato del
testigo protegido fue determinante y “un punto de quiebre sobre el cual
el colegiado sustentó su sentencia.
Vigilia solidaria
El miércoles por la noche, durante una vigilia de solidaridad y unidad
espiritual con los deudos del caso Saweto, realizada en la sede de la
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) en
Ucayali, Ergilia Rengifo pronunció un discurso emotivo pero también
cargado de esperanza: “Esta muerte no es fácil, para mí es una gran
tristeza. Pero no me siento vencida, quiero lograr (justicia), porque
toda la vida los taladores no nos van a tener así: humillados”.
Junto con Rengifo estuvieron Lita Rojas, viuda de Leoncio Quintisima, y
Julia Pérez, pareja de Edwin Chota en el momento en que fue asesinado.
Adelina Vargas, quien fuera esposa de Francisco Pinedo, falleció en
2022. Además, participaron la jefa de la misión del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Jane Antilla; el ex
viceministro de Gestión Ambiental Mariano Castro; y líderes de diversas
bases de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU).
“Nuestros hermanos cayeron buscando justicia, y con esa misma fuerza
estamos presentes aquí. No es un hecho que ocurrió hace una semana,
hermanos, pasó hace 10 años. La sentencia final representará a las
familias de los 33 líderes indígenas asesinados hasta ahora. Es un hito
importante que va a marcar a los pueblos indígenas”, enfatizó Jamer
López, presidente de ORAU.
En otro momento, Jane Antilla remarcó la importancia de los defensores
ambientales indígenas, su derecho a defender la tierra donde viven y los
riesgos que enfrentan:
“Siempre se dice que una justicia que tarda demasiado casi no es
justicia por todo lo que han tenido que caminar con dolor (…) Estamos
con ustedes y trataremos de caminar con las autoridades (indígenas) para
darles la protección que les corresponde y estén más fuertes”, señaló la
Alta Comisionada de las Naciones Unidas.
La noche previa a la lectura de sentencia, las viudas y deudos del caso
Saweto participaron en una vigilia de unidad espiritual. Crédito: Hugo
Alejos.
Mientras tanto, las llamas de una veintena de velas alumbraban desde el
suelo los retratos de Edwin Chota, Francisco Pinedo, Leoncio Quintisima
y Jorge Ríos, colocados en un telón de fondo.
“La justicia de Saweto es nuestra justicia”, se leía en un cartel, en
medio de las velas y pétalos de rosas esparcidos en el piso. En medio de
las sombras que ha traído este proceso judicial, ya hay una primera luz
hacia el objetivo de los deudos: el encuentro de justicia y tener, al
fin, un poco de paz.
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