Carta abierta al Bloque Suroccidente
Autor/a: Autoridades Indígenas del norte del Cauca
14 MAYO, 2024
Carta abierta al Bloque Suroccidente
Señor
Andrés Patiño
Bloque Suroccidental
Comandante Jacobo Arenas Estado Mayor Central de las FARC-EP
Las autoridades nasa del norte del Cauca reunidos en la Çxhab Wala Kiwe
– ACIN y, especialmente el Kwe Kwe Neehwe’sx de los resguardos de
Toribío, San Francisco y Tacueyó agrupados en el plan de vida Proyecto
Nasa, suscribimos esta misiva debido a las últimas acciones, causantes
de inmenso dolor por los crímenes cometidos por la organización que
ustedes dirigen y representan.
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Nos dirigimos a ustedes con indignación y dolor,
pero con claridad y contundencia. Esperamos que este acto de sinceridad
no genere alguna situación de amenaza y riesgo en contra nuestra.
Cuando empezamos a escribir esta carta decidimos enviarla porque
consideramos, que si ustedes son una continuidad de las antiguas FARC,
estarían en el deber de establecer una línea de mando con capacidad de
clarificar situaciones. Sin importar que ahora digan que el llamado
bloque occidental está por fuera de la estructura del Estado Mayor
Central, no se les puede eximir de la responsabilidad por los graves
hechos ocurridos en el norte del Cauca. De igual manera, este es un
mensaje dirigido a los Frentes Dagoberto Ramos, Carlos Patiño y Jaime
Martínez, por si algo tienen de interés.
Nos motiva la débil esperanza de que su organización todavía pueda salir
del pantano en que ha caído por atentar contra el pueblo, sobre todo en
detrimento de la pervivencia de las comunidades indígenas en el Cauca.
Por ello creemos necesario hacer constar las graves violaciones a
nuestros derechos que son de su conocimiento, pero que han sido
imposible detener por la degradación de su organización por traicionar
la lucha revolucionaria, incluyendo el asesinato de mujeres desarmadas
como la mayora Carmelina Yule, igual o más infame que instalar
explosivos contra los Kiwe Thegnas.
¿Contra quién es la guerra?
Una primera cosa que queremos que nos digan es para qué hacen ustedes la
guerra. Según los guerrilleros de las FARC en las épocas del Sexto
Frente y la Jacobo Arenas, la guerra era para derrotar al régimen
político o por lo menos para presionarlo a que aceptara una apertura
democrática o para mejorar las condiciones de vida de la gente.
Estuvimos muy en desacuerdo con lo que ellos hicieron, y ustedes saben
que criticamos y condenamos todos los crímenes que cometieron contra
nosotros, pero era claro que su guerra tenía un propósito, aunque en la
última etapa mostraran serios signos de descomposición. Para nosotros es
inviable una guerra solo por guerrear, ya que implica perder vidas sin
sentido. No creemos en convertir las armas en una moda y mucho menos en
usarlas contra la gente, pues lo más seguro es que esto se revierta y la
fuerza del pueblo sea mayor que su miedo. A pesar de todo lo que hemos
vivido somos incapaces de creer en la existencia de un instinto homicida
como base de todas las guerras. Puede que haya razones poco políticas
para que la gente decida armarse (rabia, búsqueda de dinero o de
reconocimiento, afán de aventura, lo que sea), pero una vez se forma una
organización ya el asunto no es por qué, sino para qué se organiza y se
mantiene ese aparato.
Nuestra pregunta es sincera, pues no vemos claro el horizonte de su
organización. Lo que vemos, en cambio, es una serie de atrocidades
contrarias al legado de Manuel Marulanda y Jacobo Arenas que ustedes
proclaman.
Solo en los últimos cuatro años en el norte del Cauca su organización ha
sido responsable de 374 asesinatos contra Kiwe Thegnas, autoridades y
comuneros, dejando heridos a decenas más; ha puesto explosivos a 42
personas, sin contar los que han afectado viviendas y caminos vecinales;
ha realizado 214 hostigamientos a bienes civiles como casas y escuelas;
ha hecho 225 amenazas individuales a miembros de nuestras comunidades y
112 amenazas indiscriminadas; ha reclutado a 785 menores de edad; han
desaparecido forzosamente al menos a 25 personas; y extorsionado casi a
todas las comunidades. Hablamos de por lo menos 1.777 acciones contra
las comunidades nasa del norte del Cauca.
Esos son los casos reconocidos por ustedes mismos o en los que hay
certeza de que son los responsables, lo cual representa el 81% del total
de acciones violentas contra las comunidades. En municipios como Jambaló,
Caloto, Toribío, Corinto y Suárez hay cientos de casos donde no se ha
podido determinar un responsable, pero es muy difícil asignar
responsabilidad a otros actores porque son zonas que ustedes controlan.
Mientras tanto, los datos de sus operaciones contra el Estado o las
fuerzas militares, muestran 298 enfrentamientos en esos mismos cuatro
años. La mayoría de ellos fueron entre el 2021 y 2022, y más del 70%
ocurrieron en solo tres municipios (Corinto, Toribío y Caloto).
Miren bien esos datos. Sumados todos los hechos, en los últimos 4 años
ustedes se han enfrentado en el norte del Cauca casi 300 veces contra el
Ejército y la Policía, mientras en el mismo periodo han desplegado 1.777
acciones contra la gente. Son cifras que indican que las acciones contra
el pueblo durante su dirigencia, superan por siete las adelantadas
contra el Estado. Más allá de lo miserable y contradictorio que resultan
estos datos, a cualquiera le queda muy claro que el enemigo de ustedes
dejó de ser el Estado colombiano, o el régimen político, o la
oligarquía, o los ricos, o lo que una fuerza armada revolucionaria
podría entender como enemigo.
Así las cosas, es evidente que lo principal de su estrategia está
dirigido contra la gente, contra nuestra organización indígena y
nuestros gobiernos locales, autoridades espirituales, Kiwe Thegnas,
comuneras, menores de edad, sedes de los gobiernos indígenas, escuelas y
colegios. Según su accionar, ese es el enemigo contra el cual apuntan
sus armas.
Pero no es extraño. Desde hace muchos años ninguna de las organizaciones
que dicen ser insurgentes tiene una estrategia para derrotar al Estado
colombiano al que dicen enfrentar. En cambio, han centrado sus acciones
para suplantar los esfuerzos del movimiento popular por construir
gobiernos alternativos y autónomos en sus territorios. Para reemplazar
estos gobiernos propios ustedes se han dedicado a destruir o intentar
destruir -todavía no lo han logrado y estamos seguros de que no lo van a
lograr- lo que llevamos construyendo en 50 años de lucha indígena en el
departamento del Cauca. Y por lo que sabemos, ustedes vienen haciendo lo
mismo en Nariño, en la Costa Pacífica, en Putumayo.
Ante esa realidad, preguntamos: ¿Qué sentido tiene para ustedes destruir
al CRIC, a la Çxhab Wala Kiwe – ACIN, al Proyecto Nasa, a Sa’t Tama Kiwe
de Caldono, a los gobiernos indígenas de todo el departamento? ¿A quién
le sirve que desaparezca o se debilite una de las organizaciones
sociales más importantes del país, precisamente la que paró al Uribismo
y a los paramilitares que venían de cometer la masacre del Naya? ¿Acaso
tienen ustedes un acuerdo con esos a quienes les sirve que nosotros
desaparezcamos? ¿Por qué su obsesión en “hacer ingobernables” los
territorios indígenas, como hace 70 años proponía Laureano Gómez para
que Gaitán no le ganara a la oligarquía liberal- conservadora?
Nosotros suponemos que ustedes tienen una respuesta a estas preguntas
porque lo que han hecho en los últimos años contra nosotros no responde
a hechos casuales o “daños colaterales”, por el contrario, trazan una
línea de violencia sistemática contra las comunidades organizadas. ¡Nos
gustaría saber de su propia boca qué es lo que pretenden!
¿Para qué están en el proceso de paz con el gobierno de Petro?
No podemos negar que nos pareció sorprendente cuando nos enteramos que
su organización se había comprometido con el gobierno de Petro a iniciar
diálogos para la terminación del conflicto armado. Cuando eso ocurrió,
el comportamiento de la gente que se ha reconocido como parte del EMC en
nuestros territorios era totalmente despolitizado, muy enfocado a
devengar las rentas de la coca, la marihuana y la minería, y muchas
veces criminal, como ya lo vieron en los datos que presentamos.
Tampoco podemos negar que por un par de meses tuvimos la expectativa de
que eso pudiera significar algún cambio positivo en el comportamiento
cotidiano de quienes se hacen llamar milicianos y combatientes de su
organización. A eso ayudó que nosotros como movimiento indígena le hemos
dicho que sí a la propuesta de Paz Total, aunque tengamos algunas
críticas que ya hemos hecho públicas. Estamos de acuerdo con el
presidente Petro en que hay que terminar la guerra porque solo le sirve
a los más ricos y poderosos, que para eso hay que hablar y llegar a
acuerdos con todos los actores armados, que lo principal son las
transformaciones socioeconómicas, políticas y no solo desarmar a unos
cuantos frentes, que esos cambios hay que acordarlos con la sociedad y
no solo con los ejércitos enfrentados, y que hay que ir haciéndolos ya
porque son cambios tan elementales que un Estado decente debería
llevarlos a cabo sin que lo presionen grupos armados. Si estamos porque
la guerra se termine es lógico que nos hayamos sentido expectantes
cuando su organización dijo estar de acuerdo con sentarse a dialogar y
cuando la gente de ustedes en el Cauca se acogió a la misma línea.
Pero esa expectativa duró poco. Nada cambió. Lamentablemente a cada
anuncio le siguió un acto de barbarie; cada vez que se acordó respetar a
las comunidades, o no atacar a la población civil, constatamos en
nuestros territorios que nada cambiaba. Al contrario, desde la
instalación de la mesa y todavía más desde el primer cese al fuego los
ataques al gobierno indígena se han escalado.
Aunque son preguntas ingenuas o repetitivas nuestra gente insiste. ¿De
verdad van a firmar un acuerdo para terminar el conflicto? ¿Están
dispuestos a dejar que las economías de la marihuana y la coca sean
reguladas por las propias comunidades cuando eso sea reglamentado
próximamente en el país? ¿Están dispuestos a reconocer que el gobierno
indígena es el gobierno legítimo en estos territorios? En últimas, ante
un acuerdo político para la terminación de una guerra se tendrían que
dar cambios institucionales, políticos, económicos, territoriales,
empezando porque toda la gente pueda hacer política sin miedo de que la
maten, incluidos ustedes, claro está. Pero le preguntamos, ¿se imaginan
en un escenario como ése donde no tengan un fusil con el que puedan
asustar a la gente y obligarla a que le paguen una renta por cada mata
de marihuana que tengan en el patio? Porque de eso se trata terminar la
guerra en nuestro territorio: de que nadie haga política con armas.
¿Ustedes se imaginan discutiendo sin armas, en las asambleas
comunitarias, las propuestas para mejorar las condiciones de vida de la
gente, y acatar la decisión de la asamblea?
Lo preguntamos porque no hemos escuchado por parte de la gente del EMC
que está en la región ninguna propuesta para resolver los problemas que
tenemos en las comunidades. Por acá estuvo Jhonier, y algo le escuchamos
–antes de que lo mataran– en el sentido de que tenían un programa
político y que seguían defendiendo las ideas de Manuel Marulanda. Pero
después de eso no pasó nada. Alguna gente dijo que a Jhonier lo habían
matado precisamente porque quería promover un programa político y quería
distanciar a la Dagoberto Ramos del narcotráfico. Ustedes sabrán más de
eso que nosotros.
Pero de fondo es saber si cuando se sienten a conversar con el gobierno,
¿ustedes van a llevar alguna propuesta sobre eso? ¿Han pensado
seriamente sobre los temas de tierras, territorio, territorialidades
étnicas y campesinas, los temas de ambiente y desarrollo sostenible, el
despojo de tierras que hemos sufrido los pueblos indígenas? Pues esos
son los temas que aparecen en la propuesta de agenda publicada. ¿Ya han
pensado cómo avanzar sobre los temas de seguridad y garantías, y sobre
todo sobre los derechos de las víctimas?
Eso va a aparecer. ¿Ya trabajaron los temas de las economías
consideradas ilícitas? Hay que tener una propuesta para salir de los
problemas que esa economía produce. ¿Qué posición tendrán cuando se
discuta sobre el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas
y nuestra facultad de ejercer los gobiernos propios?
Hicimos la tarea de preguntarle a algunos de sus combatientes y mandos
sobre esos temas y parece que nadie se ha puesto a pensar ni en los
problemas, ni en las propuestas. Y, entonces, si no han conversado sobre
los contenidos de la negociación entre sus miembros, ¿de qué van a
conversar en la mesa de diálogo con el gobierno? Entenderán ustedes que
resulta muy difícil creer que el Estado Mayor Central está dispuesto a
la negociación con el gobierno y mucho más que lo piensan hacer con
nuestra participación, como dice el Acuerdo. Esperamos equivocarnos.
¿Para qué firman un cese al fuego si van a seguir haciendo lo mismo?
Una tercera cosa de la que queremos hablar es sobre el cese al fuego. O
los ceses al fuego, porque han sido varios. Ustedes acogieron
públicamente el Decreto 2657 que sacó el presidente Petro el 31 de
diciembre de 2022 donde se suspenden las acciones ofensivas durante seis
meses, que luego se rompió el 24 de mayo del mismo año por orden
presidencial en 4 departamentos amazónicos por la masacre de 4 hermanos
indígenas en Putumayo (y que el EMC lo entendió como una ruptura en todo
el país); luego, entre el 8 de octubre y el 15 de enero se acordó otro
cese; y por último, vino la prórroga por 6 meses que se rompió para el
Cauca, Valle y Nariño cuando su organización asesinó a la mayora
Carmelina.
Con los primeros ceses no nos hicimos ilusiones. Eso de “cesar las
acciones ofensivas” solo entre el Ejército y ustedes claramente dejaba
por fuera medidas de protección para proteger a la población civil y por
otro lado iba a seguir su guerra contra el ELN en varias zonas del
departamento. En realidad, cualquier ataque a la población civil está
prohibido, haya cese al fuego o no, porque el DIH es muy claro, en la
guerra solo hay dos categorías básicas: las hostilidades entre las
partes armadas -que están permitidas- y los crímenes de guerra y de lesa
humanidad. Nosotros, los indígenas y toda la gente desarmada, no somos
parte armada de la guerra; cualquier cosa que ustedes hagan y que nos
afecte la vida o la integridad es un crimen. No hay discusión sobre eso.
Pero el hecho de que conscientemente en esos ceses no se metiera la
protección y el respeto a los civiles ya nos decía por dónde venía la
cosa.
Y así pasó. Solo en el cese de octubre a enero de este año, en el norte
del Cauca ustedes reclutaron a 18 menores de edad, cometieron la masacre
de la familia Ramos Menza en el resguardo de Canoas, sin contar otros 5
homicidios, 2 amenazas colectivas y 8 individuales. Hechos todos de su
responsabilidad.
Luego vino el cese más formal, con protocolos incluidos; una cosa más
seria, nos pareció. Como pasó cuando ustedes se comprometieron con los
diálogos para terminar el conflicto armado, también nos sorprendió
cuando leímos lo que decía el acuerdo firmado: que el cese sí incluía
suspender todo tipo de operaciones que afectaran la vida en todas sus
formas, los derechos y las libertades a la población civil, el
territorio y el ambiente, que se iban a respetar las autoridades de los
pueblos indígenas, que se iba a evitar afectar a la población civil y
sus bienes protegidos, que no iba a haber presencia en las zonas
pobladas.
Todavía estamos recogiendo la información de todas las violaciones del
último cese, pero el asesinato de la mayora Carmelina y los ataques que
hicieron contra los Kiwe Thegnas son muestra suficiente de que jamás
existió tal compromiso de respetar a la población civil.
Nosotros no entendemos por qué firmaron esos compromisos si no estaban
dispuestos a cambiar el comportamiento de su gente armada. Mirando con
malicia, lo que entendemos es que vieron provechoso incluirlos, de
pronto para distraer a los países garantes de la mesa a sabiendas de que
no iban a respetar lo que firmaban. Sabemos que el ejército tampoco
cumplió el cese y que estuvo hostigándolos; pero estas acciones violando
el cese al fuego no fueron de enfrentarse al ejército, sino de atacarnos
a nosotros.
Un cese al fuego que solo sirve para que el ejército no los ataque a
ustedes -si es que antes los atacaba, que no creemos- no le sirve de
nada a la comunidad. Por eso la comunidad dijo que eso era insostenible
y que en realidad era una farsa.
Justificar lo injustificable
De manera sistemática nos han acusado de tener nexos con el ELN, incluso
difunden entre las comunidades el rumor de que las autoridades, las
asociaciones zonales o el CRIC están aliados con esa organización armada
para ir en contra suya. Buena parte -si no todos- de los últimos hechos
han tratado de justificarlos de esta manera, sin embargo, ese cuento no
se lo creen ni ustedes mismos. No sabemos qué tipo de “inteligencia”
realiza la organización bajo su mando en las distintas zonas donde
operan o qué tipo de analistas son los que les dicen quién está con una
organización irregular o colabora con el ejército. No solo desmentimos
esos chismes, sino que además creemos que esta forma de justificar lo
injustificable responde al interés de manipular a actores incautos o
ignorantes de la realidad territorial que se dejan “informar”, y también
a la comunidad para que no cuestionen sus crímenes y empecemos a
señalarnos unos con otros.
Ya hemos dicho una cosa cada vez que nos echan ese cuento: si fuera
cierto que todos los comuneros que ustedes han señalado de hacer parte
del ELN lo fueran efectivamente, hace rato los hubieran enfrentado y
derrotado, hace rato los hubieran sacado del territorio. Pero ese
señalamiento no es otra cosa que una excusa macabra para seguir sus
ataques, sin asumir el costo político y penal.
Otra “explicación” usual por parte de miembros de su organización para
librarse de responsabilidad es mencionar que las acciones contra la vida
de los comuneros no han sido ordenadas por sus mandos, sino que fueron
cometidas por personas que actuaron por su cuenta. Dos o tres casos
hasta se entiende.
¿Pero todos estos? El peso estadístico de estas violencias hace
imposible sostener que todas estas cosas ocurran, sin beneplácito u
órdenes directas que son agravadas por involucrar y utilizar a menores
de edad en acciones criminales.
Cuando asesinaron a Carmelina la orden no vino de muchachos sin
formación o que no tenían cargo de responsabilidad. La orden la dio
Amazonas, uno de los mandos, nada menos, así que se trató de una
decisión deliberada de atacar a los civiles; ustedes dieron la orden de
disparar a mansalva. Y en lugar de sancionar a los responsables lo que
ocurrió a los dos días es que nos siguieron amedrentando y se atrevieron
a disparar cuando llegó la mayora en el ataúd; ¿a quién se le ocurre
disparar para asustar a unos familiares adoloridos que traen a su
abuelita asesinada? ¿Qué legado y memoria de Marulanda reivindican con
esto? ¿ese es su “proyecto revolucionario”? Sin duda, reiteramos la
gravedad de estas violencias.
Incluso si fuera cierto que ustedes no han dado la orden en algunos de
esos casos, lo que debe hacer un comandante responsable cuando tiene
ante sus ojos esa información sobre crímenes de sus subordinados, es
adoptar medidas sancionatorias y prevenir la descomposición
organizativa, así como la tendencia al accionar como delincuencia común.
Hemos identificado otra excusa usual para algunos de los crímenes
cometidos en medio de enfrentamientos con el ELN o con el Ejército. Esa
historia de los “daños colaterales” –se lo dijimos también al anterior
comandante de las FARC por allá en 2012- es el mismo argumento que
utilizan los fascistas para justificar la matanza de casi 15,000 niños
en Palestina. ¿Van a usar la misma excusa de esos criminales? No
señores, los daños colaterales son crímenes evitables si el comandante
de cualquier fuerza armada ordena a su gente adoptar medidas de
precaución y entiende que, si hay riesgo para las comunidades, para sus
casas, para sus cultivos, para sus gallinas, hay que parar el ataque. Es
una obligación, así de simple.
¿Qué orientación están dando ustedes a su gente?
Nosotros estamos entendiendo que la estrategia de guerra tomada por
ustedes ha sido reclutar nuestros propios comuneros para que sean ellos
quienes asesinen al mismo pueblo. Bajo esa lógica ¿Cuál es la defensa
que pregonan a favor del pueblo?
¿Para qué tenemos que prepararnos? ¿Están realmente dispuestos a
respetar la estructura de gobierno propio y la vida de las comunidades?,
porque eso es lo que esperamos y eso implica que ustedes reestructuren
su accionar.
En el marco de nuestras facultades constitucionales y como autoridades
ancestrales en territorio, esperamos tener respuestas claras. Es
importante conocer con detalle los planteamientos y orientación de su
organización.
Solicitamos que esta carta sea compartida a los mandos de los frentes,
como los señores Dionisio, Iván Lozada, Sebastián Martínez, Nelson Ríos,
David Arenas.
Autoridades Indígenas del norte del Cauca
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