AVISPA MIDIA: La otra cara del desarrollo: las zonas
de sacrificio en México
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Publicado por Avispa Midia
Por Avispa
20 agosto, 2024
En portada: Debido a la rápida erosión costera y el aumento del nivel
del mar, El Bosque, Tabasco, ha sido etiquetada como la primera
comunidad en México en ser desplazada por los efectos del cambio
climático. Foto: Santiago Navarro F.
por Carlos Tornel y Pablo Montaño*
Caminamos algunos metros antes de que uno de los vigilantes de la
escuela primera nos dejara entrar a uno de los huertos que se están
construyendo en varias comunidades y territorios carboníferos en el
estado de Coahuila, norte de México. El huerto, uno de tres que ya se
han construido, es parte de una serie de proyectos que organizaciones
locales como Familia Pasta de Conchos proponen para avanzar hacia una
transición energética que rechaza la noción de que este proceso implica
solamente un cambio tecnológico –es decir, pasar de combustibles fósiles
a tecnologías bajas en carbono– sino que implica un cambio de mentalidad
hacia el cuidado de la vida.
"Los huertos son un acto simbólico", me dice una de las organizadoras,
“son un pretexto para hablar, para repensar qué papel tiene la energía
en nuestros territorios y cómo podemos construir un futuro en donde no
sea sinónimo de saqueo, violencia, impunidad y muerte”.
El huerto es parte de una iniciativa que se llama ‘sembrando transición’
un esfuerzo de la organización por posicionar una visión relacional con
la energía. “Para nosotros el huerto es la alternativa al camino que
hemos caminado por más de 18 años, esperando a que el Estado responda
por la muerte de mineros y los impactos que esto ha dejado en sus
familias y en la comunidad. El huerto es un símbolo de que otro mundo es
posible y que la energía no viene solamente del carbón, sino de la
posibilidad de repensar nuestras sociedades basándonos en el cuidado”,
dice una de las organizadoras del huerto.
El “Huerto Inexplicable” que se construyó en el bachillerato CECyTEC en
Barroterán, Coahuila. Crédito de la fotografía: Organización Familia
Pasta de Conchos.
El caso de Barroterán en el norte de Coahuila es tan sólo uno de los
muchos lugares en México que se han convertido en una zona de
sacrificio, es decir, lugares que han sido abandonados o contaminados en
exceso en nombre de un bien mayor, usualmente abstracto, como el
progreso, el crecimiento económico o –y de manera más reciente y
controversial– el ‘desarrollo sostenible’.
Las zonas de sacrificio no sólo se refieren al ámbito natural o el de lo
no-humano, es decir paisajes, flora y fauna y la naturaleza en general
que suelen ser convertidos en “recurso” o “servicios” para ser
designados como “extraíbles", sino también de comunidades y formas de
vida que en los ojos de la visión unidimensional del desarrollo se
presentan como “problemáticas”, “subdesarrolladas” e incluso
“retrogradas”. Esta visión, la cual tiene un origen profundamente
colonial, es la que se suele movilizar para justificar el despojo, la
contaminación, la degradación de la naturaleza e incluso su destrucción.
Por lo general, estas zonas suelen ser designadas sacrificables a través
de otros nombres: “corredores industriales”, “zonas económicas
especiales (ZEE)”, “polos de desarrollo”, “polos de desarrollo para el
bienestar”, etc. son algunas de las designaciones más recientes.
Estas zonas suelen eliminar las protecciones legales, las cuales pueden
ser modificadas como una forma de incrementar la inversión extranjera
directa, fomentar la participación de empresas e industrias y garantizar
algunos “beneficios económicos”, como el empleo. Como lo estipula el
Colectivo Geocomunes, estas modificaciones se utilizan como una forma de
‘"legalizar" el saqueo de los territorios y permitir la participación
del sector privado a través de modificaciones al marco legal, como se
puede evidenciar en los cambios a la Ley Minera en 1992, el TLCAN de
1994, la Ley de Bioseguridad en 2005, la Ley de Inversión Extranjera
(2012), la Ley de Asociación Pública-privada (2012), la reforma
energética (2016) y de manera más reciente, la declaración de
megaproyectos prioritarios y su carácter prioritario para el desarrollo
(2018-2024).
Por razones de seguridad y considerando que México es uno de los países
más violentos para personas defensoras del territorio –las estimaciones
indican que al menos 185 personas han sido asesinadas desde el 2018– lxs
defensorxs del territorio y activistas entrevistadxs para este texto
permanecen anónimos.
La proliferación de zonas de sacrificio en México
El concepto de las zonas de sacrificio no es algo nuevo. Originalmente,
el concepto se utilizó durante la guerra fría en los Estados Unidos para
referirse a aquellas zonas que se volvían inhabitables por la
contaminación creada por la radiación y la minería de uranio.
No fue sino hacia mediados de la década de los setentas que el concepto
fue apropiado por comunidades indígenas y pueblos originarios en los
Estados Unidos para denotar la forma en la que territorios indígenas se
convirtieron en campos de pastoreo, desplazando y despojando del acceso
a sus territorios, al tiempo que se borraban sus costumbres,
conocimientos y formas de estar en el mundo.
Durante las décadas de los ochentas y noventas, es decir, durante el
auge del periodo neoliberal, varios movimientos de justicia ambiental
retomaron el concepto para denunciar el racismo que está inscrito en su
creación.
Esta lógica permitió hilar de forma espacial la proximidad de ciertos
grupos a puntos en donde se concentra la contaminación del suelo, el
aire y el agua como la consecuencia de un modelo de desarrollo desigual
y no como una simple casualidad. Por ejemplo, la presencia de
comunidades afroamericanas, de personas más pobres y migrantes cerca de
basureros tóxicos, corredores industriales o plantas de quema o
procesamiento de combustibles fósiles como termoeléctricas o refinerías.
Es el caso del corredor conocido como el “callejón del cáncer”, en el
estado de Louisiana, EUA, en donde se concentran más de 90 refinerías en
territorios principalmente habitados por comunidades afroamericanas y de
bajos ingresos.
El racismo ambiental detrás de las zonas de sacrificio constituye una
designación ya ampliamente desarrollada, investigada y trabajada. Las
comunidades indígenas y subalternas de este país han utilizado el
concepto como una herramienta de denuncia, haciendo notar cómo lo
"sacrificable”, para quienes ven estos espacios como vacíos,
desperdiciados o mal aprovechados, es para ellxs lo “sagrado”, es decir,
como una forma de denunciar la herramienta colonial del modelo de
desarrollo que elimina todo aquello que no vea como una forma de valor.
En América Latina el concepto suele estar asociado no sólo a los puntos
en el espacio y su proximidad a zonas contaminadas o a los puntos de
origen de dicha contaminación, sino a un modelo de desarrollo extractivo
que produce impactos positivos para algunas minorías, desplazando los
costos espacial y temporalmente para las mayorías. Desde la
proliferación de residuos tóxicos asociados a la minería y la gran
industria, así como la contaminación del agua, tierra y aire a sus
alrededores.
En México, la declaración de ZEE de 2017 creó enclaves especializados
con exenciones legales y fiscales para atraer la inversión extranjera
directa, con la justificación de aliviar la pobreza en “areas
históricamente descuidadas”. Similar a iniciativas regionales pasadas
como el Plan Puebla-Panamá, las ZEE representan una estrategia de
desdibujamiento del Estado para interconectar espacios de tránsito y
fomentar el desarrollo en la región mesoamericana.
Sin embargo, la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en
2018, trajo un cambio en el discurso. Las ZEE se renombraron como "polos
de desarrollo para el bienestar", con el objetivo de atraer inversión y
mejorar las capacidades productivas para el desarrollo económico y
social en áreas adyacentes a proyectos de infraestructura regional a
gran escala o "zonas o corredores libres", con incentivos fiscales
aumentados para las empresas.
Según el investigador Darcy Tetreault, la promesa de AMLO de "terminar
con el neoliberalismo" ha sido socavada por la retención del marco
institucional general establecido durante el periodo neoliberal
posterior a 1992. Pese a la cancelación de políticas como las subastas
de energía a largo plazo, las rondas de licitación de petróleo y el cese
de nuevas concesiones mineras, permanecen sin cambios la distribución de
recursos, los incentivos fiscales y los mecanismos de captura de rentas.
El gobierno ha redirigido su atención a las empresas estatales,
invirtiendo fuertemente en un proyecto de “soberanía energética” e
intensificando la exploración de hidrocarburos y capacidades de
refinación. Esto incluye la construcción de una megarefinería en Tabasco
y la adquisición de una planta de refinación en Texas, EUA.
Al mismo tiempo el gobierno de AMLO ha disminuido notablemente el
presupuesto para agencias ambientales y regulatorias, militarizado
proyectos extractivos y de construcción, con un efecto paralizador y
desarticulador de la protesta social y ha desplegado programas de
investigación y desarrollo como tácticas contrainsurgentes, es decir,
como estrategias para socavar la resistencia y la oposición y
disciplinaraquellos que se muestren en contra.
Este enfoque subraya la importancia de la infraestructura a gran escala
en la reconfiguración geopolítica de México, evidente en iniciativas
como el "Corredor Interoceánico" en Oaxaca y Veracruz, el "Tren Maya" en
el sureste mexicano y el Plan Sonora, que sirve a los intereses de
relocalización cercana (nearshoring) de EE.UU., asegurando acceso a
microprocesadores, vehículos eléctricos, plantas de baterías y recursos
naturales y laborales, incluidos el litio, el agua y las reservas
energéticas.
Aún cuando una reflexión de los orígenes de las zonas de sacrificio en
México requeriría un repaso de la historia y política del país.
Suficiente decir que la política federal de los últimos 30 años
demuestra cómo es posible identificar el origen de la proliferación de
estas zonas de sacrificio, las cuales suelen ser denunciadas por
comunidades de primera línea, es decir, las primeras afectadas por la
contaminación que proviene de estas grandes industrias.
Ahora bien, con el advenimiento y la aceleración de la crisis climática,
estas zonas no se pueden reducir simplemente a aquellas afectadas por la
contaminación, sino que comienzan a manifestarse como una forma de
neo-colonialismo y de desplazamiento de costos para asegurar la
“mitigación” o “adaptación” al cambio climático.
Aunque es difícil calcular el número de zonas como estas en México, la
organización Conexiones Climáticas ha propuesto una categorización de
estas zonas en tres. Primero, aquellos lugares cercanos o próximos a las
fuentes de contaminación o a los puntos en donde se concentra dicha
contaminación de agua, aire o agua. Segundo, aquellas zonas en donde la
noción del desarrollo sustentable o la “transición verde” se ha
convertido en una nueva forma de contaminación, despojo o afectaciones.
Tercero, aquellas zonas que se convierten en espacios inhabitables a
través de un desplazamiento de los impactos socioecológicos por medio de
la exacerbación de los efectos de la crisis climática. Siguiendo esta
formulación a continuación presentamos algunos ejemplos de estas zonas.
Zonas de sacrificio por proximidad y metabolismo
Las Zonas de Sacrificio Metabólicas implican la desvalorización de
ciertas formas de vida en favor de las creadas por la economía
dominante. Esta es una característica clave de las grandes ciudades, las
cuales tienen relaciones metabólicas complejas de flujos de materiales,
energía e información que tienen impactos desiguales en otros lugares en
múltiples escalas espaciales y temporales. Estos sistemas están
arraigados en relaciones de poder que revelan cómo ciertos lugares están
posicionados para convertirse en zonas de sacrificio en respuesta
directa a actividades/demandas de otros lugares.
Ejemplos de este tipo de zonas de sacrificio son numerosos y difíciles
de calcular. Sin embargo, en lugares como Tula, Hidalgo, la cuenca del
Río Santiago en el estado de Jalisco y otros lugares como Petacalco,
Guerrero, demuestran una clara designación como zonas de sacrificio
donde se acumulan una multiplicidad de formas de impacto debido a la
proximidad de estos lugares a grandes urbes que externalizan su entropía
y la presencia de la gran industria y puntos de quema intensiva de
combustibles fósiles.
La ciudad de Tula, a tan sólo 120 kilómetros de la ciudad de México, se
encuentra inmersa en lo que varios han descrito como un ‘infierno
ambiental’: una refinería, una termoeléctrica, un corredor industrial y
el desagüe del Túnel Emisor Oriente (TEO) son responsables de la
degradación del aire, el suelo y el agua. “En buena medida”, me dice uno
de los activistas que se han dedicado a atraer atención a la situación
de la ciudad, "nosotros recibimos todo el desperdicio de la Ciudad de
México, así sea en forma de basura física o en aguas residuales o en
emisiones que producen la mala calidad del aire. Nosotros nos quedamos
con el suelo, el agua y el aire degradado que es necesario para
satisfacer lo que parece ser una imparable demanda de energía en forma
de gasolina, diesel y electricidad, así como materiales como el cemento
que requiere la ciudad”.
Imagen de la Presa de Endhó en el Estado de Tula y de la refinería
Miguel Hidalgo y la termoeléctrica de Tula en la ciudad.
"Nosotros estamos malditos por la geografía”, dice uno de los habitantes
de Tula, quien desde el 2014 se ha organizado con otras organizaciones
para tratar de denunciar los impactos en su territorio al visibilizar la
relación metabólica entre Tula y la Ciudad de México. "Nos ha tocado,
quedarnos con el desperdicio de la ciudad de México, porque todo lo que
se genera aquí va de regreso para allá, incluso las aguas residuales
regresan en forma de comida a la Ciudad de México”.
En total, según las estimaciones del grupo de científicos que en 2019
organizaron el Toxitour alrededor de varios corredores industriales
dentro del país, se estima que las afectaciones a la población van desde
la proliferación de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y
digestivas, afectando a más de un millón de personas dentro del Valle
del Mezquital.
Las comunidades del Salto y Juanacatlán, en Jalisco, en torno a la
cuenca del Río Santiago también concentran uno de los sitios más
contaminados del país. De acuerdo con el informe del Toxitour la cuenca
concentra las descargas de alrededor de 1,000 empresas manufactureras,
metalúrgicas, químico-farmacéuticas, electrónica, automotriz, alimentos
y bebidas en la zona de Toluca-Lerma y alrededor de 700 empresas en la
zona Ocotlán-El Salto. La cuenca recibe además las descargas de las
zonas industriales de Guanajuato, de la refinería de Salamanca y el
drenaje del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). La población
expuesta directamente a estos contaminantes es alrededor de medio millón
de habitantes.
Desde el 2006 la organización un Salto de Vida se ha mantenido en
resistencia contra la contaminación del río, así como un proceso
sistemático de denuncia por ser una zona de sacrificio en nombre del
crecimiento económico y el desarrollo de corredores industriales. “La
afectación a la salud es lo que nos ha movido, la recuperación del río
es parte de este esfuerzo. Pero nuestra defensa del territorio ha
buscado detener procesos de despojo que continúan insistiendo en
contaminar esta zona, desde inmobiliarios y energéticos”,dice uno de los
defensores del territorio. “Nuestra relación con las autoridades ha
demostrado no sólo el desinterés del Estado sino la forma en la que por
décadas han privilegiado a la industria, negando los impactos a las
poblaciones, que en sus ojos son excedentes”, dice uno de los
defensores.
Dos Imágenes del Salto en Juanacatlán. Lo que en 1909 se denominó como
el ‘Niágara Mexicano’ en comparación con la contaminación documentada a
lo largo del río en 2021.
Ante la falta de interés y la desacreditación de los impactos en la
salud de las personas, la organización se ha dedicado a documentar y, a
través de varias colaboraciones con organizaciones de la sociedad civil
y centros académicos, ha comprobar los impactos y daños ambientales en
la cuenca. “Este proceso ha obligado al Estado a reconocer los impactos
que ha generado pero, al mismo tiempo, ha servido para articular un
proceso de rechazo y resistencia al despojo que aún sigue vigente aquí”,
menciona uno de los defensores. “A través de amparos y otros medios
también hemos logrado detener el desarrollo de plantas de ciclo
combinado y otros intentos de despojo por parte de la industria
inmobiliaria.” Este proceso ha generado una larga historia de
resistencia, un proceso de denuncia que muestra que la región ha sido
sacrificada en nombre del crecimiento económico y la generación de
riqueza para las empresas mexicanas y extranjeras.
Otro ejemplo de esta condición es Petacalco, en Guerrero. La central
termoeléctrica Plutarco Elias Calles se construyó hace 30 años bajo el
argumento de traer un beneficio económico a la zona. Desde entonces las
comunidades, casi todas pescadoras y agricultoras, han sido poco a poco
expulsadas de sus territorios a otras ciudades como Tulancingo en busca
de trabajo.
No es sino a partir del 2021 que un grupo de personas han comenzado a
documentar los impactos que tiene la planta en el territorio. En buena
medida, los impactos se incrementaron durante ese año debido a una veda
de venta de combustóleo para el uso en barcos y buques comerciales que
incentivó un regreso a la quema de combustóleo para la generación de
electricidad. Aunque no se sabe con exactitud cuánto combustible se
quema en cada una de las plantas en México, sabemos que al menos el 33%
de la refinación de Pemex es combustóleo debido a que el petróleo crudo
que extrae es cada vez más pesado. La pérdida del mercado de buques y
barcos, así como la situación de emergencia producida por la pandemia de
la COVID-19 en 2020-2021 impulsó el uso del combustóleo como una forma
de mantener los precios de la luz estables.
Desde entonces el colectivo Juntos por el bienestar de Petacalco ha
sostenido un proceso de documentación de la contaminación del agua, aire
y suelo. “Aquí hemos visto cómo llueve ceniza. También es posible ver
los derrames de combustible en los cuerpos de agua y aunque aquí los
dolores de cabeza y las enfermedades estomacales son más frecuentes las
autoridades aún se rehúsan a declarar esta área como una zona de
sacrificio”, me dice una de las defensoras del territorio. “Las
autoridades nos han dicho que aquí todo está en norma”, menciona uno de
los miembros del colectivo. “En realidad, varias organizaciones han
venido a medir la calidad del aire y del agua y nos han dicho que
estamos muy lejos de estar cerca de las normas adecuadas. Además, lo que
nosotros vemos y vivimos - la muerte de los peces, las enfermedades de
las personas que aquí viven -, esto no lo contabilizan e incluso parece
no importarles”.
Imagen de la desembocadura del río Zacatula en Petacalco con la Central
termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles en el fondo.
Zonas de Sacrificio Verde
En medio de la crisis climática y las crecientes presiones por abandonar
los combustibles fósiles para avanzar hacia una transición energética
"verde", "sostenible" o "justa", están reconfigurando espacios para
asegurar acceso a ciertas zonas con alto potencial de aprovechamiento
–por ejemplo solar o eólica– así como para asegurar el acceso a ciertos
minerales críticos, como el cobalto, el litio, el cadmio o algunas
tierras raras, necesarias para garantizar esta transición.
Aunado a esto, propuestas como los Nuevos Pactos Verdes (Green New Deals)
en el norte global han capturado el discurso y la imaginación en torno a
la idea de la "transición". Esto ha generado un nuevo "consenso de
descarbonización" como lo llaman los investigadores Breno Bringel y
Mariestela Svampa, que sirve para establecer un nuevo consenso
capitalista que reconfigura los extractivismos ya existentes mediante
una estrategia de "acumulación por descarbonización", es decir, una
forma de mercantilizar lo que antes era inaccesible para el capitalismo
como es el viento, la luz solar, los “bonos de carbón” o la conservación
misma. Este fenómeno, también denominado "extractivismo verde", implica
el sacrificio de espacios, territorios y poblaciones para garantizar el
abastecimiento, transporte, instalación y operación de infraestructuras
y programas "bajos en carbono”, así como el tratamiento al final de la
vida útil de los residuos materiales relacionados.
Las zonas de sacrificio verdes implican la identificación de lugares y
poblaciones que serán afectados por el traslado de costos y ocupaciones
(neo)coloniales justificados bajo el desarrollo de políticas para
acelerar la transición energética y la mitigación o adaptación al cambio
climático. Lo "verde" de esta categorización refleja el daño que emana
de la infraestructura de bajo carbono.
El investigador Alexander Dunlap, por ejemplo, cuestiona la
renovabilidad de infraestructuras bajas en carbono como paneles solares
y turbinas eólicas, pues su cadena de suministro depende de los
combustibles fósiles y la explotación de "minerales de transición".
De esta forma es posible desarrollar formas directas (materiales) e
indirectas (psicosociales) de extractivismo que hacen posible la
extracción mediante estrategias que buscan moldear las mentes y el
comportamiento humano, gestionar el desacuerdo y fabricar el
consentimiento. La instrumentalización de la causa humanitaria del
cambio climático y la novedad de lo "verde" dependen de cadenas de
suministro sucias, ingeniería social y maniobras contrainsurgentes por
parte de actores estatales y corporativos, para lucrar con los esfuerzos
de mitigación. En resumidas cuentas, podemos afirmar que no existe un
solo panel solar o turbina eólica que no haya sido fabricado con
combustibles fósiles, desde la minería de los metales que lo componen,
hasta su fabricación y ensamblaje mismo.
El ejemplo más claro es el "Tren Maya": un proyecto de transporte
ferroviario que abarca 1,500 km cruzando cinco estados del sureste de
México. El proyecto cuenta con una inversión de más de 200 mil millones
de pesos y debería estar listo a finales de este año. Sin embargo, el
"Tren Maya" no es ni maya ni sólo un tren. Al transportar pasajeros,
aumentará el número de turistas en un área ambientalmente frágil y su
carga movilizará la extracción y el transporte de combustible a través
de la península, según declaraciones de la propia administración del
proyecto, el 80% de la carga del tren ha sido adjudicada a PEMEX.
El Tren Maya es parte de un conjunto de megaproyectos de infraestructura
que buscan 'desarrollar' la región al interconectar y reordenar el sur y
sureste del país. A escala local, el tren ha privatizado y parcelizado
tierras comunales a gran escala, desarraigando la autonomía comunitaria
al erosionar en la región los medios de vida y la cohesión de
comunidades campesinas e indígenas.
Los "polos de desarrollo" planeados en la infraestructura física del
tren –que incluye 12 paradas y 9 estaciones–, otorgan incentivos
especiales a empresas privadas e incrementan indirectamente la
desposesión de tierras para permitir la expansión de empresas privadas
de vivienda urbana, turismo, agroindustria, infraestructura energética y
minería.
Al mismo tiempo, el Tren forma parte de un megaproyecto para el
"desarrollo" del sureste de México, que incluye una nueva refinería en
Tabasco y lo que se conoce como el Corredor Interoceánico, que
interconectará los dos océanos a través de otro tren. Como ha
argumentado Geocomunes, el proyecto expandirá los mercados americanos,
europeos y asiáticos, ya que el área posee al menos el 84% de todas las
reservas probadas de petróleo, además de otros minerales, agua, tierra y
biodiversidad "desperdiciados" y propensos a la inversión. Además, el
que estas áreas hayan sido declaradas "zonas libres", con reducciones en
impuestos e inversiones facilitadas, facilita controlar y explotar una
fuerza laboral barata representada por la población migrante que cruza
la frontera sur.
La justificación del tren ha sido llevar un desarrollo sostenible para
"aumentar los beneficios económicos del turismo en la Península de
Yucatán, crear empleos, proteger el medio ambiente, desalentar
actividades como la tala ilegal y el tráfico de especies, y promover la
planificación del uso de la tierra en la región". No obstante, como
menciona un defensor de la tierra, "llamar al proyecto 'sostenible' no
es más que una continuación de lo que ya ha estado sucediendo aquí: la
mercantilización de la cultura maya, que se está convirtiendo en una
mercancía en nombre de un bien mayor: el crecimiento económico, los
empleos, el turismo, el desarrollo".
Bajo el velo de la ‘sostenibilidad’, el gobierno federal ha aprobado dos
centrales eléctricas adicionales de gas en Mérida y Valladolid, un nuevo
gasoducto que traerá gas de esquisto (Puerta al Sureste) desde EE.UU. y
la expansión del gasoducto Mayakan. "El tren es lo que articula estos
proyectos, es la pieza faltante del rompecabezas para lograr la
integración del proyecto colonial y de desarrollo en la península que ha
estado en curso en los últimos 500 años. Durante años, esta tierra había
sido 'inexpugnable', porque la gente se negaba a ser categorizada como
desechos. Irónicamente, fue AMLO, un llamado 'izquierdista' con el
argumento de traer 'desarrollo sostenible', quien logró convencer a
algunas personas de que "necesitan desarrollo".
Zonas de sacrificio por la violencia climática
El tercer tipo de zona de sacrificio describe lugares que se han vuelto
inhabitables por los efectos lentos y acumulativos del cambio climático.
Como argumenta Farhana Sultana, la colonialidad climática se experimenta
"a través de continuas degradaciones ecológicas que son tanto abiertas
como encubiertas, episódicas y rampantes." Es decir, la colonialidad
climática persiste de tres maneras. Primero, mediante la extracción de
recursos y degradación de la naturaleza al convertirla en una forma de
trabajo no pagado. Segundo, al convertir a las personas y territorios en
sitios vulnerables a los impactos del calentamiento, tachando sus formas
de vida como problemáticas, en necesidad de ser mejoradas, por ejemplo,
a través de la mitigación, la adaptación o la resiliencia. Tercero, al
destruir sistemáticamente ecosistemas tangibles y espirituales de
pueblos y otras formas de vida que se convierten en un obstáculo para la
transición o la mitigación.
Los legados coloniales se manifiestan en el saqueo de territorios, pero
también en las desigualdades de los orígenes y las consecuencias de
desastres no-naturales. En América Latina, este fenómeno abarca
comunidades marginadas y empobrecidas, es decir aquellos territorios
convertidos en las zonas de sacrificio del capitalismo de carbono,
explotadas, desposeídas y convertidas en vulnerables por Estados ricos,
corporaciones trasnacionales y grandes industrias.
En El Bosque, una comunidad de Tabasco, confluyen los ríos Grijalva,
Usumacinta y el Golfo de México. Sus habitantes, aproximadamente 200
personas, han sido tradicionalmente pescadores. "Vimos por primera vez
que el mar se acercaba en 2007, pero no sabíamos por qué estaba
sucediendo”, comenta una de las personas que habitaban la comunidad.
“Fue hasta 2019, cuando comenzamos a contactar a organizaciones de la
sociedad civil, que nos ayudaron a entender que ésta es la consecuencia
del cambio climático". Debido a la rápida erosión costera y el aumento
del nivel del mar, El Bosque ha sido etiquetada como "la primera
comunidad en México en ser desplazada por los efectos del cambio
climático."
En México, el número de zonas de sacrificio climáticas es difícil de
calcular. Varios entrevistados manifestaron que el Estado obliga a
presentar evidencia en sus propios términos. Entonces, lo que se ve, lo
que cuenta y lo que se mide sólo cuenta si es reconocido por las
estrechas definiciones creadas por el Estado. A pesar de ello, en El
Bosque, "lo que la gente ha experimentado es la violencia acumulada de
siglos de desarrollo y supuesto progreso", establece un entrevistado de
la sociedad civil, "esto es responsabilidad de una forma de progreso
basada en los combustibles fósiles, de la cual el gobierno, las
industrias y los ricos comparten una parte de la culpa", dice.
La experiencia de la población local ha sido invisibilizada, al
desestimar su vulnerabilidad por las autoridades y al actuar de manera
reactiva y torpe en la reubicación. "Nos han dejado sin pasado, sin
presente y sin futuro, no tenemos historia, es como si el mar lavara
nuestra forma de vida, algo que ahora no podemos transmitir a nuestros
hijos", como me comentó una de las personas de la comunidad desplazada.
El Bosque, Tabasco. Foto: Conexiones Climáticas.
Desde 2022, El Bosque ha solicitado en vano a las autoridades estatales
y federales una "reubicación inmediata, planificada, justa y digna". En
2024, una red de comunidades afectadas por el clima y organizaciones de
la sociedad civil presentaron una queja ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), en la que la comunidad declaró: "no podemos
seguir presentando el cambio climático como un problema futuro, lo
estamos viviendo todos los días y hemos sido directamente afectados por
la violencia que conlleva", expresó un entrevistado. "Hemos sido
sacrificados en todos los sentidos de la palabra, lo perdimos todo y no
podemos seguir existiendo como teníamos la intención de hacerlo. Por eso
no es sólo cuestión de ser reubicados, lo que necesitamos es que las
personas, el gobierno y las empresas comprendan que fuimos desplazados
violentamente por sus acciones, así que es mi forma de vida contra
otras, pero somos nosotros quienes tenemos que pagar el precio".
El saber hacer eco-político: zonas de sacrificio como una herramienta de
lucha
En los últimos 50 años, las zonas de sacrificio han resultado de la
reorganización espacial surgida de políticas neoliberales lideradas por
el Estado para impulsar el crecimiento económico, el libre comercio y la
inversión extranjera directa. El colectivo Geocomunes ha documentado
extensamente los impactos socioecológicos de minería, industria,
infraestructura energética y agroindustria en México, destacando una
tendencia de reorganización territorial impulsada por la construcción de
infraestructura energética, industrial y de transporte.
México ha registrado más de 560 conflictos ambientales con al menos 211
documentados en el Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas), hasta abril de
2024. En cuanto a defensores del medio ambiente y de la tierra, la
organización Global Witness ha documentado más de 180 asesinatos, cifras
conservadoras. Otras organizaciones, como el Centro Mexicano de Derecho
Ambiental (CEMDA), han documentado más de 500 ataques a defensorxs en la
última década.
Existe un esfuerzo por hacer que la tierra sea “legible” para la
extracción. Esta tendencia se ha intensificado en los últimos 50 años
mediante iniciativas de redefinición territorial a gran escala
destinadas a "abrir" o "incorporar" regiones enteras en la agenda de
desarrollo. Destacan aquí los megaproyectos que buscan reorganizar el
territorio para garantizar la integración y el flujo de recursos, así
como el potencial de desarrollo del continente.
Sin embargo, de cara a esta violencia, a la contaminación y al despojo,
también han surgido resistencias. En 2019, varios movimientos sociales
organizados a través de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales
organizaron el "Toxitour", una caravana de organizaciones ambientales,
científicas y laborales nacionales e internacionales para denunciar los
altos niveles de toxicidad y destrucción causados por corporaciones
apoyadas por el despliegue de corredores industriales del gobierno
federal.
La coalición de organizaciones formuló una 'epidemiología popular' para
desafíar el 'sentido común' hegemónico que ha moldeado sus vidas como
sacrificiales, en oposición a las valoraciones desplegadas por los
programas de desarrollo y objetivos del gobierno como el crecimiento
económico, la soberanía o el empleo.
Cubriendo 2,637 km en siete estados del centro de México, el Toxitour
atravesó áreas designadas por el Plan Nacional de Desarrollo de 1996
para corredores industriales, que incluyen industrias automotrices,
aeroespaciales, químicas, cementeras, alimenticias y textiles. El tour
fue la culminación de casi quince años de resistencia comunitaria, un
desafío a las autoridades que continúan ignorando el sufrimiento porque
no encaja en sus formas burocráticas.
De manera similar, la Caravana ¡El Sur Resiste! (CSR), organizada por
más de 10 movimientos indígenas y defensores de la tierra en 2023,
recorrió siete estados del sur de México, destacando el impacto de los
'polos de desarrollo' que los principales megaproyectos de
infraestructura de AMLO –el "Tren Maya", el "Corredor Interoceánico" y
el gasoducto "Puerta al Sureste"– tendrán en la remodelación de la
región, abriendo oportunidades de inversión, militarización, turismo,
minería y desarrollo urbano. La caravana coincidió con un fallo
histórico del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN),
que responsabilizaba al Estado mexicano por violar los derechos de la
naturaleza y los derechos bioculturales del pueblo maya, que durante
mucho tiempo ha cuidado su territorio. Este fallo exige la suspensión
inmediata del 'Tren Maya', la desmilitarización de los territorios
indígenas, el cese del acoso contra los defensores de la tierra y la
preservación de la naturaleza.
Mina Lorena Navarro y Verónica Barreda han utilizado el concepto de
zonas de sacrificio para denotar no sólo los impactos socioecológicos
derivados del modelo de acumulación y producción del capitalismo
contemporáneo, sino para denotar la forma en la que diversas redes
socioecológicas han montado una resistencia en torno al despojo y a la
progresiva contaminación de sus territorios por el modelo de desarrollo
hegemónico.
Navarro y Barreda utilizan el concepto para caracterizar las luchas de
aquellos afectados y/o dañados por la explotación y el despojo a lo
largo del sur gobal. Ilustran cómo tanto el Toxitour como la CSR abarcan
luchas por la tierra aparentemente desarticuladas para fomentar una
“conciencia ecopolítica” crítica, exponiendo las injusticias inherentes
a la explotación del capital y su externalización en zonas de
sacrificio.
Las redes comunales han forjado memorias colectivas intergeneracionales
para denunciar el sacrificio y contextualizarlas dentro de procesos de
producción de su vida cotidiana. Al hablar de "zonas de sacrificio",
diversas redes en todo México están denunciando ahora la toxificación y
las políticas ambientales racistas mediante la organización de diversas
prácticas de resistencia, buscando mitigar, sanar y/o restaurar el daño
corporal/territorial, el agua y el aire, así como crear otras formas de
bienestar y dignidad mediante la autogestión. Estos esfuerzos demuestran
un resurgimiento de la agencia política para desafiar la lógica
sacrificial oficial del “desarrollo”. Sin embargo, esta resiliencia no
está exenta de tensiones y contradicciones, mientras las comunidades
navegan adversidades diarias.
El conocimiento eco-político visible en procesos como el Toxitour, la
CSR y la creación de huertos en Coahuila reflejan no solo la posibilidad
de imaginar una transición energética de manera diferente, sino también
la necesidad de resistir y proponer un cambio que vaya más allá del fin
de los combustibles fósiles. Este cambio se enfoca en una transformación
radical del pensamiento, colocando en el centro la necesidad de repensar
nuestra relación con la naturaleza, el territorio y la capacidad de
imaginar otros mundos más allá del capitalismo y su vertiente
extractiva, sea esta "verde” o “gris”. Como mencionó una de las personas
entrevistadas: "Lo que nos queda es seguir resistiendo, tejiendo redes y
aprendiendo de otros procesos y territorios. Solo así seremos
suficientes para proponer un modelo alternativo, uno que esté nutrido de
diversas luchas".
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