MONGABAY: México sigue sin proteger a las personas defensoras
del ambiente y el territorio: 20 fueron asesinadas durante el 2023
Por Agustín del Castillo en 23 abril 2024
Seis de cada 10 defensores eran indígenas, de acuerdo con el más
reciente informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
El 2023 se colocó como el segundo año más violento para los defensores
ambientales y de territorio, al registrar 123 eventos de agresión. Al
menos 19 defensores fueron víctimas de desaparición.
Una de las regiones donde más agresiones se registraron fue el “corredor
minero” que se despliega en la zona montañosa de Jalisco y Michoacán.
Ahí se ha instaurado una zona de silencio, aseguran activistas.
Las agresiones en contra de las personas defensoras del ambiente y del
territorio no ceden en México. El gobierno de Andrés Manuel López
Obrador, que comenzó en diciembre de 2018, no trajo consigo un panorama
más favorable para quienes defienden los bienes naturales. Al menos 102
ambientalistas y defensores del territorio han sufrido agresiones
letales desde 2019. Tan solo en 2023, 20 personas defensoras fueron
asesinadas.
Esos números se desprenden del más reciente informe sobre la situación
de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos
ambientales que cada año elabora el Centro Mexicano de Derecho Ambiental
(Cemda). En el documento se destaca que en el 2023, seis de cada diez
personas defensoras de ambiente y territorio que sufrieron una agresión
son indígenas.
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A partir de los datos analizados desde 2014, el
Cemda colocó al 2023 como el segundo año más violento para los
activistas ambientales, con 123 eventos de agresión, detrás de 2022,
cuando se registraron 197.
Eventos de agresiones y agresiones letales (asesinatos) registrados
desde 2014 en México. Gráfica realizada por Cemda.
En el informe, el Cemda también destaca que durante el 2023 se documentó
que, al menos, 19 personas defensoras de los derechos humanos
ambientales fueron víctimas de desaparición.
En octubre de 2023, Mongabay Latam publicó una investigación en donde se
muestra cómo en México la violencia de la desaparición es utilizada en
contra de personas defensoras de ambiente y territorio. De acuerdo con
la documentación realizada en ese entonces, en el país, al menos 93
personas defensoras del ambiente y el territorio fueron víctimas de
desaparición desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 1 de agosto de
2023.
El gerente de Derechos Humanos del Cemda, Felipe Romero Bartolo, destaca
en entrevista con Mongabay Latam que desde hace siete años se ha
mantenido el nivel de agresiones contra activistas ambientales en
México. “A partir de 2017, los datos de agresiones letales se
incrementaron y de ahí no han bajado […] Eso es sumamente grave”.
El mapa de la violencia contra defensores
En 2023, Michoacán fue el estado que registró el mayor número de
agresiones letales en contra de personas defensoras de ambiente y
territorio, con siete asesinatos. Le siguieron Guerrero, con seis;
Oaxaca y el Estado de México, con dos cada uno, y los estados de
Hidalgo, Sonora y Jalisco, con un asesinato.
Jalisco fue el estado que registró más eventos de agresión, seguido por
Oaxaca, Ciudad de México, Chiapas, Yucatán, Guerrero y Quintana Roo.
Si se consideran los tres últimos años, Oaxaca ha sido el estado más
constante en número de agresiones, por lo que es una de las entidades
más peligrosas para ejercer la labor de defensa ambiental, de la tierra
y el territorio.
Chiapas es otro de los estados más peligrosos en el país, pues en los
tres últimos años se ha colocado entre los cinco con más eventos de
agresión. El informe destaca que Jalisco y Ciudad de México llaman la
atención porque “en los últimos dos años se han ubicado entre los cinco
estados con más agresiones a las personas defensoras del medio
ambiente”.
El informe resalta que las comunidades indígenas son las más afectadas:
En 2023, el 57.7 % de los casos de agresión fueron en contra de personas
pertenecientes a pueblos originarios. Los que más agresiones recibieron
son los nahuas ( 20 eventos de agresión), los mayas de la Península de
Yucatán ( siete casos en el contexto del Tren Maya), las comunidades
tzeltales de Chiapas (cinco casos), los o’dam u odami (tepehuanos del
norte), de Chihuahua (cinco casos) y el pueblo mixe, de Guerrero (cuatro
casos).
Detonadores de agresiones: minería y obras emblemáticas
Las agresiones más comunes registradas por el informe son amenazas,
intimidación, agresiones físicas, criminalización, hostigamiento y
homicidio.
En 2023, al menos 30 eventos de agresión fueron por asuntos ligados a
las explotaciones mineras; 12 ocurrieron en el contexto de la
construcción del Tren Maya y seis están ligadas al proyecto del Corredor
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), ambas son obras
emblemáticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Además, se
registraron 13 eventos de agresión relacionados con temas forestales.
De las 20 personas defensoras de ambiente y territorio asesinadas en
2013, seis de ellas impugnaban negocios mineros y ocho denunciaron
despojo de fuentes de agua a favor de negocios empresariales o centros
urbanos. Además, dos homicidios fueron de personas que trabajaban o
denunciaron temas de biodiversidad.
El análisis de las agresiones muestra que 110 eventos están relacionados
con temas de defensa del territorio, 39 con temas de agua y 33 con
asuntos relacionados con flora.
En cuanto a los agentes agresores, el informe precisa un dato alarmante:
de los 123 eventos registrados en 2023, los principales acosadores
fueron agentes gubernamentales, con alguna participación en 61 casos. Le
sigue la delincuencia organizada, con 37 casos y, en tercer lugar, la
empresa privada con 19 asuntos. En 22 casos no se pudo identificar al
agente agresor.
Respecto a los eventos en donde agentes del gobierno aparecen como
agresores, 23 casos se atribuyen a la policía (nueve municipales y 14
estatales), 19 a gobiernos estatales, 17 al gobierno federal, 16 a las
fiscalías estatales, 13 a gobiernos municipales, nueve a la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena), cuatro a la Secretaría de Marina (Semar),
dos a la Guardia Nacional y en siete a otras autoridades.
El informe también ofrece detalles sobre las víctimas: de 123 eventos de
agresión, 79 fueron contra integrantes de comunidades (64.22 %); 16
contra miembros de organizaciones de la sociedad civil (13 %); diez
afectaron a ejidatarios (8.13 %) y siete a comuneros (5.7 %). El resto
fueron en contra de académicos (4.06 %), estudiantes (4.06 %), abogados
(2.43 %), periodistas (1.62 %) y defensores independientes (1.62 %).
De acuerdo con la metodología con la que se realizó el informe se
determinó que los 123 eventos de agresión afectaron a un total de 1 317
personas. De ellas, 416 se identificaron como defensoras del medio
ambiente, la tierra y el territorio. Además, 344 eran infantes y
adolescentes. Para los autores del informe, estos datos revelan una
preocupante “democratización” de la violencia a todo el ámbito familiar
de los defensores y sus comunidades.
Con estas cifras, México se mantiene entre los tres países más
peligrosos del mundo para los activistas ambientales, junto con Brasil y
Colombia.
La violencia en el corredor minero del Pacífico
En el informe se destacan las agresiones y asesinatos de las personas y
comunidades defensoras que habitan en la región conocida como el
“corredor del hierro” y que se localiza en la línea del litoral del
Pacífico centro de México, entre Jalisco, al norte, y Michoacán, al sur.
Más del 30 % del metal que se produce en el país se extrae ahí. También
es una de las amplias “zonas de silencio”, en donde la ley de los
cárteles se ha impuesto.
En esa zona desde hace seis décadas se explota el hierro, tanto del lado
michoacano como en el de Jalisco. En la región destacan las minas de Los
Encinos, en Aquila, Michoacán, y Peña Colorada, en Cuautitlán, Jalisco.
Estos complejos mineros nacieron entre polémicas y acusaciones de
despojo, primero como paraestatales, luego como empresas privadas que
desde hace dos decenios pertenecen a capitales transnacionales.
En esa región minera, durante 2023 se presentaron diversos eventos de
agresión, entre ellos desapariciones y asesinatos en contra de personas
defensoras del ambiente y el territorio.
En Jalisco, por ejemplo, se registró la desaparición y asesinato de
Higinio Cruz, uno de los descendientes de la etnia nahua que habitan las
montañas de la Sierra de Manantlán, en donde funciona la mina Peña
Colorada.
Higinio Cruz era un defensor ambiental que se oponía a la expansión
minera en la Sierra de Manantlán, Jalisco. Fue citado a la presidencia
municipal de Cuautitlán; a partir de ahí sucede su desaparición y
después es encontrado muerto. Su caso “ejemplifica cómo está la
situación de violencia en México”, sostiene el gerente de derechos
humanos del Cemda, Felipe Romero Bartolo.
En la Sierra de Manantlán, “las comunidades están aisladas, incluso
abandonadas […] Se ha impuesto una zona de silencio que, en los hechos,
es una zona de sacrificio, con el pacto de impunidad que hay entre el
crimen organizado, los poderes económicos y el Estado mexicano”, afirmó
el representante de la organización defensora de derechos humanos
Tsikini, con sede en Guadalajara, Jalisco, Eduardo Mosqueda Sánchez,
durante la presentación del informe.
Mosqueda señaló que las bandas criminales no solo venden la protección y
la “gestión” de los conflictos con las comunidades indígenas, sino que
se han sumado al negocio empresarial. Tan solo en el lado de Jalisco
estarían documentadas once explotaciones clandestinas.
Michoacán reporta el mayor número de asesinatos de activistas
ambientales en el país durante 2023: Isaúl Nemesio, Miguel Estrada,
Rolando Magno, Eustacio Alcalá, Juan Medina, Lorenzo Froylán y Alfredo
Cisneros.
“En la zona de Michoacán están las zonas de Ostula y Aquila, en donde
hay grandes intereses por temas forestales y por temas mineros, y es
donde están sucediendo muchísimas de las agresiones”, destaca Romero
Bartolo. “Es donde justamente convergen proyectos mineros, proyectos
forestales o intereses en zonas forestales donde hay delincuencia
organizada y donde parece que también hay un completo abandono del
Estado”.
En enero de 2023, por ejemplo, miembros del crimen organizado asesinaron
a Isaúl Nemesio, Miguel Estrada y Rolando Magno, tres miembros de la
Guardia Comunal de Ostula, en el municipio de Aquila, en Michoacán. “Los
defensores fueron asesinados cuando realizaban funciones de vigilancia y
protección del territorio comunal. La comunidad de Ostula localizada en
la costa michoacana ha llevado un proceso de defensa de su territorio
ante el asedio y las intenciones de ampliar un proyecto minero”, reseña
el informe.
Alfredo Cisneros habitaba en el municipio de Los Reyes, en los límites
de Michoacán con Jalisco. Fue asesinado el 21 de febrero cuando llegaba
a su casa en Zicuicho, donde tenía el cargo de presidente de bienes
comunales. Él denunció la tala ilegal y el cambio de uso de suelo a
favor del monocultivo del aguacate.
Eustacio Alcalá fue privado de su libertad el 1 de abril de 2023, y fue
encontrado muerto el 4 de abril. Tenía 66 años y era defensor
comunitario en Huizontla, núcleo indígena que logró frenar una
explotación minera.
Diez días después. Juan Medina fue víctima de un ataque armado en su
negocio de comida en Chinicuila, Michoacán. Este comunero participó en
la defensa del núcleo agrario que se alió a la comunidad vecina de
Ostula.
Lorenzo Froylán, de apenas 28 años, era guardia comunal de Santa María
Ostula, fue secuestrado en Coalcomán y su cadáver con huellas de tortura
fue dejado en una carretera de Aquila el 10 de agosto de 2023.
La comunidad de Ostula tiene nada menos que 40 defensores asesinados en
la historia de su defensa. Romero Bartolo resalta que “el contexto
permite que haya facilidades para agredir a las personas, porque tenemos
altísima corrupción y un grado de impunidad muy muy alto”. Son los dos
componentes “que no abonan para nada al acceso a la justicia de los
casos que nosotros hemos documentado”.
Agresiones que afectan a toda la sociedad
La activista socioambiental María González Valencia, del Instituto
Mexicano para el Desarrollo Comunitario, organización que acompañó a los
habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo en su defensa del
territorio —para evitar que sus comunidades fueran inundadas y
desaparecieran por la construcción de la presa de El Zapotillo, en Los
Altos de Jalisco—, comenta que es importante que la sociedad valore la
importancia de los defensores ambientales y del territorio.
“Cuando hay una agresión o un asesinato, evidentemente ellos pierden la
vida, las familias lo padecen, pero es importante que se asuma que es
una grave pérdida para la sociedad”, pues las luchas comunitarias tiene
que ver con bienes naturales de alto valor económico y social.
González Valencia destaca que “los defensores enfrentan poderes
económicos muy bien asentados, con fuertes ligas de complicidad hacia
otros poderes, y con una ausencia del Estado que hace que la actividad
de defensa sea cada vez más peligrosa”.
A su juicio, es fundamental que se modifique el proyecto de desarrollo
con base en emprendimientos extractivos que alteran los territorios de
los pueblos y violentan su derecho a consulta libre e informada. A la
par, se requiere que el Estado mexicano se plantee como tarea central el
combate a la impunidad, y de forma más específica, una eficaz labor de
protección a activistas amenazados.
El Estado mexicano está fallando en proveer seguridad a los ciudadanos,
una de sus tareas sustantivas, señala Romero Bartolo. No es solamente lo
que marcan la constitución y las leyes reglamentarias, sino los
compromisos internacionales asumidos, como el Acuerdo de Escazú, “que
habla de garantizar entornos seguros y propicios para quienes defienden
el medio ambiente y para que puedan realizar su labor de defensa de
manera libre y segura”.
El informe de Cemda recomienda un replanteamiento de los esquemas de
protección de defensores. “Implementar una política pública integral de
protección, con perspectiva de género e intercultural, que incluya el
diseño de medidas de protección colectivas adecuadas a los contextos
específicos de las personas y comunidades defensoras del medio
ambiente”. Además, enfatiza en la necesidad de “implementar políticas
públicas adecuadas encaminadas a la prevención de las agresiones y sus
causas”.
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