Comisión de Puntos Constitucionales aprobó dictamen
que plantea la extinción de siete organismos autónomos
leer más
Los ahorros que se generen por la extinción de estos
entes públicos se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó
reformas a la Carta Magna, que proponen la extinción de siete órganos
autónomos: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI), Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión
Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional de Mejora Continua de la
Educación (MEJORADU), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la
Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH), cuyas funciones pasarían a
dependencias del Gobierno Federal o al Inegi.
El dictamen destaca en sus transitorios que las economías y ahorros que
se generen con la extinción de estos entes públicos se destinarán al
Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Aclara que los derechos laborales de las personas servidoras públicas
serán respetados en su totalidad, en términos de la legislación
aplicable.
Las reformas establecen que las facultades y obligaciones de estos entes
públicos se transfieren a diversas dependencias del Gobierno Federal y
al Inegi, y se otorga al INE la competencia para conocer de los asuntos
relacionados con el acceso a la información pública y la protección de
datos personales a cargo de los partidos políticos.
También se extinguen los organismos autónomos estatales garantes del
derecho de acceso a la información y de protección de datos personales
en posesión de los sujetos obligados.
El dictamen se aprobó en lo general por 22 votos a favor, 17 en contra y
cero abstenciones, y en lo particular, con 22 votos en pro, 16 en contra
y cero abstenciones. Se remitió a la Mesa Directiva para sus efectos
constitucionales.
El proyecto de decreto, aprobado en reunión semipresencial de la
Comisión que preside el diputado Juan Ramiro Robledo (Morena), deroga y
adiciona diversas disposiciones de los artículos 3, 6, 26, 27, 28, 41,
76, 78, 89, 105, 113, 116, 123 y 134 de la Constitución Política. Deriva
de una iniciativa que presentó el titular del Ejecutivo Federal el 5
febrero de 2024, y consideró propuestas de diputadas y diputados
vinculadas con la materia.
INAI
En la fracción VIII del apartado A del artículo 6 se derogan los
párrafos relativos al funcionamiento y atribuciones del INAI, y el
párrafo donde se reconoce la autonomía de este organismo se reforma para
indicar que “los sujetos obligados deberán promover, respetar, proteger
y garantizar los derechos de acceso a la información pública y a la
protección de datos personales. Las leyes en la materia determinarán los
principios generales, así como la competencia de las autoridades de
control interno y vigilancia u homólogos en el ámbito federal y local
para conocer de los procedimientos de revisión contra los actos que
emitan los sujetos obligados”.
Agrega que “los sujetos obligados se regirán por la ley general en
materia de transparencia y acceso a la información pública y protección
de datos personales, en los términos que esta se emita por el Congreso
de la Unión para establecer las bases, principios generales y
procedimientos del ejercicio de este derecho”.
Las adecuaciones al artículo 41 constitucional plantean que el Instituto
Nacional Electoral tendrá competencia para conocer de los asuntos
relacionados con el acceso a la información pública y la protección de
datos personales a cargo de los partidos políticos; también conocerá de
los recursos de revisión que interpongan los particulares respecto de
las resoluciones de los partidos políticos en los términos que
establezca la ley.
El artículo 123 establece que el Centro Federal de Conciliación y
Registro Laboral tendrá la competencia para conocer de los asuntos
relacionados con el acceso a la información pública de los sindicatos y
conocerá de los recursos de revisión que interpongan los particulares
respecto de las resoluciones de los mismos.
Coneval
En el artículo 26 se deroga el apartado C relativo a la estructura y
funciones del Coneval, y se reforma el apartado B para estipular que el
Inegi “también estará a cargo de la medición de la pobreza y la
evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política
de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones en los términos
que disponga la ley, la cual establecerá las formas de coordinación con
las autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio de
estas funciones”.
Cofece e IFT
El artículo 28 se reforma para suprimir las referencias a la Cofece y
transferir sus facultades al Ejecutivo Federal para que cumpla con el
objetivo del Estado de garantizar la libre competencia y concurrencia,
“a través de la dependencia encargada de formular y conducir las
políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y
precios del país”.
También se suprime la mención al IFT y se establece que su objeto y
facultades las tendrá el Ejecutivo Federal, a través de la dependencia
encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y
radiodifusión.
De esta manera, el Ejecutivo Federal será la autoridad en materia
económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones y le
corresponderá el otorgamiento, revocación y autorización de cesiones o
cambios de control accionarios, titularidad u operación de sociedades
relacionadas con concesiones.
También fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de
las concesiones. Para garantizar la transparencia de las concesiones
habrá un Sistema Nacional de Información de Infraestructura a cargo de
la dependencia responsable de elaborar y conducir las políticas de
telecomunicaciones y radiodifusión del Gobierno Federal.
Menciona que las normas generales, actos u omisiones de las dependencias
que tendrán las facultades de la Cofece e IFT “podrán ser impugnados
únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de
suspensión”.
Solamente en los casos en que se impongan multas, desincorporación de
activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta
que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva.
Los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales
especializados en los términos del artículo 94 de la Constitución, y en
ningún caso se admitirán recursos ordinarios contra actos
intraprocesales.
Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación
Se deroga la fracción IX del artículo 3°, relativa a la estructura,
funciones y facultades de la Comisión Nacional para la Mejora Continua
de la Educación encargada de coordinar el Sistema Nacional de Mejora
Continua de la Educación.
Comisión Reguladora de Energía y Comisión Nacional de Hidrocarburos
En el artículo 28 se modifica el párrafo que indica que el Poder
Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia
energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión
Reguladora de Energía, para quedar de la siguiente manera: “El Poder
Ejecutivo Federal, por conducto de la dependencia encargada de conducir
la política energética del país, contará con atribuciones para llevar a
cabo la regulación técnica y económica, así como la facultad
sancionadora en materia energética y de hidrocarburos, en los términos
que determine la ley”.
Organismos autónomos estatales garantes del derecho de acceso a la
información
Se reforma el artículo 116, con lo cual se elimina la figura de los
organismos autónomos estatales garantes del derecho de acceso a la
información y de protección de datos personales en posesión de los
sujetos obligados.
La redacción propuesta dice que las constituciones de los estados, en
términos de la ley general, definirán la competencia de los órganos
encargados de la contraloría u homólogos de los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial y demás sujetos obligados responsables de
garantizar el derecho de acceso a la información pública y de protección
de datos personales en posesión de los sujetos obligados.
Austeridad republicana
En el artículo 134 se establece que los entes públicos ajustarán sus
estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los principios
de racionalidad y austeridad republicana, eliminando todo tipo de
duplicidades funcionales u organizacionales, atendiendo a las
necesidades de mejora y modernización de la gestión pública.
En el apartado de los artículos transitorios se destaca que el Congreso
de la Unión tendrá un plazo de 90 días naturales a partir de la entrada
en vigor del decreto para realizar las adecuaciones necesarias a las
leyes que correspondan.
Respecto a lo dispuesto en el artículo 134, las adecuaciones
legislativas que se realicen deberán considerar la eliminación de los
organismos, unidades administrativas o estructuras que representen
duplicidad de funciones, así como la integración de los órganos
desconcentrados y descentralizados o unidades administrativas en las
dependencias de la administración pública centralizada que puedan asumir
su competencia.
Las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus
competencias, tendrán el plazo máximo de 90 días naturales contados a
partir de la expedición de la legislación para armonizar su marco
jurídico en materia de acceso a la información.
Por otra parte, se modificó el artículo 41 para que el Comité Técnico de
Evaluación para la elección de las y los consejeros electorales estará
integrado por cinco personas (en lugar de siete), de reconocido
prestigio, de las cuales tres serán nombradas por el órgano de dirección
política de la Cámara de Diputados y dos por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.
Además, en el artículo 123 se define que los conflictos entre el Poder
Judicial de la Federación y sus servidores, así como los que se susciten
entre la Suprema Corte de Justicia y sus empleados, serán resueltos por
el “Tribunal de Disciplina Judicial”.
En la fracción I del artículo 113, referente a la integración del Comité
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, se cambia la referencia
del “Consejo de la Judicatura Federal”, por la de “Tribunal de
Disciplina Judicial”.
Intervenciones en pro y en contra del dictamen
La diputada Lidia García Anaya (Morena) manifestó su voto a favor del
dictamen al señalar que transfiere facultades y obligaciones de los
organismos constitucionales a dependencias del Gobierno Federal, a fin
de eliminar gastos innecesarios, lujos y duplicidad de funciones.
También, para evitar el despilfarro de recursos de la nación y
redirigirlos al combate contra la desigualdad social. Además, busca
mejorar la eficiencia, eficacia, transparencia, economía, honradez y
rendición de cuentas en la prestación de servicios públicos.
En contra, el diputado Santiago Torreblanca Engell (PAN) dijo, respecto
al INAI, que ahora el propio gobierno va a autodecidir si da la
información pública solicitada o no y en caso de que sea de manera
parcial o incompleta no habrá quién para obligar al ente público a
entregarla. “Recordemos que fue, a través de la transparencia que se
descubrieron los grandes fraudes y excesos de todos los gobiernos; sería
regresar a la opacidad de antaño donde no había forma de saber en qué se
gastaba y por qué”.
A favor, el diputado César Agustín Hernández Pérez (Morena) explicó que
el objetivo principal de la reforma es transferir las facultades y
obligaciones de diversos organismos constitucionales a las dependencias
de la Administración Pública centralizada que corresponde, con el fin de
evitar la duplicidad de funciones y permitir ahorros presupuestales para
redireccionarlos hacia quienes menos tienen y más lo necesitan.
Al manifestarse en contra, el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo
(MC) dijo que se trata de desaparecer organismos creados, no por
concesiones, privilegios o dádivas, sino por una lucha histórica para
garantizar la credibilidad de las instituciones, por lo que pidió hacer
mejoras al texto, fortalecerlas y ampliarlas. Llamó a hacer una
valoración profunda, porque es una regresión a cuando quien estaba en el
poder decía qué era transparente.
Por su parte, la diputada Irma Juan Carlos (Morena) señaló que con el
dictamen busca consolidar a un gobierno eficiente, que no dependa de
órganos autónomos innecesarios que solo duplican funciones y derrochan
recursos del pueblo. “Con la aprobación de esta reforma damos un paso
hacia una Administración Pública moderna, nacional, austera, que elimine
duplicidades y mejore la gestión de los recursos públicos”.
Del PRI, la diputada Laura Lorena Haro Ramírez indicó que, aunque la
democracia en México es fuerte y sana, con los intentos de desaparecer
los contrapesos que regulan al poder se cometería un terrible retroceso,
ya que de los 11 organismos autónomos piensan desaparecer siete, pero
hay que señalar que su razón de origen fue hacer precisamente un
contrapeso. Señaló que no se habla en realidad de austeridad, sino de
una cortina de humo para provocar la monopolización.
A su vez, el diputado de Morena, Ismael Brito Mazariegos, afirmó que con
esta reforma se resuelve el desmantelamiento del Estado que viene desde
1990; busca evitar la privatización del derecho público y la
subordinación de México a intereses extranjeros, así como a estructuras
burocráticas inoficiosas para destinar los 32 mil 313 millones de pesos,
con que se han beneficiado los órganos autónomos, a los apoyos del
bienestar.
El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI) se pronunció en contra de
la destrucción del Estado de derecho y las libertades. “Hablan de Estado
de bienestar cuando no hay un sistema de salud eficiente, no ha crecido
la formalidad, no hay un sistema educativo eficiente. Para eso sirven
los órganos autónomos, para que se diga la verdad y ustedes están
generando el supremo poder conservador, por eso van sobre estos órganos,
porque no les gusta la crítica y la transparencia”.
A favor del dictamen, la diputada María Guadalupe Chavira De La Rosa
(Morena) consideró que el fondo de lo que se plantea no es acabar con la
rendición de cuentas, pues ya existen los entes encargados de hacerlo,
sino que las funciones de las diferentes estancias en el Estado cumplan
su función, pero “no a ser comparsa ni complacencia”; además, es éste es
un nuevo régimen que está al servicio de México.
En tanto, el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez (PRI) expresó que la
reforma desaparece organismos que sirven a la nación y a la
transparencia, pero que no convienen al gobierno. Indicó que esta
desaparición disfrazada de simplificación orgánica, tendrá muchas
repercusiones; por ello, pidió reflexionar para detener el intento de
quebrantar las instituciones del país.
Al hablar a favor, el diputado Óscar Cantón Zetina (Morena) aseguró que
no se quebrantan instituciones; al contrario, se fortalecen y no hay
desaparición de órganos autónomos en el sentido de que sus facultades y
lo que ellos tendrían que haber hecho lo harán instituciones del
gobierno y no solo del Poder Ejecutivo. “Nuestra bancada avala este
paquete de reformas constitucionales y, en este sentido, las de materia
de simplificación orgánica del Estado mexicano”
En contra, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) destacó que se
pretende destruir el avance de tres décadas, ya que la creación de
órganos autónomos no es una concesión, sino una lucha ganada por cada
uno de los ciudadanos, como es el caso del INAI, pero el día de hoy se
busca dar una estocada a un derecho consagrado en convenciones y
tratados internacionales. “Quieren borrar de un plumazo la historia y
los compromisos que el Estado mexicano tiene con el mundo”.
Discusión en lo particular
En la discusión en lo particular, se aceptó la reserva presentada por el
diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (Morena) para modificar los
artículos 6, 28, 41 y 123 y segundo, tercero y cuarto transitorios.
Hablaron, a favor de las modificaciones, la diputada Adriana Bustamante
Castellanos; el presidente de la Comisión, Juan Ramiro Robledo Ruiz, y
el diputado Irán Santiago Manuel, los tres de Morena. En contra, los
diputados del PAN Héctor Saúl Téllez Hernández y Miguel Humberto Rodarte
De Lara, así como Braulio López Ochoa Mijares, de MC.
No fueron aceptadas las reservas de los diputados de MC, Mario Alberto
Rodríguez Carrillo y Braulio López Ochoa Mijares. Además, las
presentadas por Cynthia Iliana López Castro, Carolina Viggiano Austria,
Eduardo Zarzosa Sánchez, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Laura Lorena Haro
Ramírez, todos del PRI. Tampoco las de René Figueroa Reyes, Paulina
Rubio Fernández, Héctor Saúl Téllez Hernández; Santiago Torreblanca
Engell; Miguel Humberto Rodarte De Lara, diputados todos del PAN, así
como la de la diputada del PRD Edna Gisel Díaz Acevedo.
|
