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El Consejo
General del Instituto Nacional Electoral (INE)
continuará con el proceso de Revocación de
Mandato 2021-2022, en cumplimiento a lo ordenado
en los acuerdos emitidos por la Comisión de
Receso de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) y la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Con lo anterior, quedan suspendidos los efectos
del acuerdo del Instituto INE/CG1796/2021 del 17
de diciembre de 2021, ya que la Comisión de
Receso de la SCJN ordena la continuidad de los
trabajos de la Revocación de Mandato; mientras
que la Sala Superior del TEPJF establece que el
INE debe ajustar su presupuesto y, en su caso,
podrá solicitar una ampliación a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público a la que impone la
obligación de responder a la brevedad, motivada
y fundadamente, para garantizar la participación
ciudadana en el proceso.
Sentencias abren nuevas vías al INE para obtener
recursos y realizar la Revocación de Mandato
En sesión extraordinaria, el Consejero
Presidente Lorenzo Córdova Vianello destacó que
las sentencias, tanto de la Comisión de Receso
como de la Sala Superior, abren nuevas vías para
que el INE obtenga recursos necesarios para la
organización de este ejercicio.
“A la luz de lo establecido por la Comisión de
Receso y por la Sala Superior se abren nuevas
vías para que este Instituto, con solidez
jurídica, pueda explorar lo que ha sido una
demanda legítima, contar con los recursos
necesarios por parte de las instancias
competentes, en su momento la Cámara de
Diputados y ahora la Secretaría de Hacienda,
para poder realizar una Revocación de Mandato en
los términos que establece la propia
legislación”.
En caso de no obtener los recursos, añadió
Lorenzo Córdova, de los acuerdos de la Comisión
de Receso de la SCJN se desprende que el INE
deberá hacer una Revocación de Mandato con los
recursos que dispone: 1,503 millones de pesos.
Córdova precisó que, como lo ordena el Tribunal
Electoral, las adecuaciones presupuestarias que
realice el Instituto para llevar a cabo la
Revocación de Mandato, no pondrán en riesgo, “ni
las atribuciones constitucionales del INE, ni
sus obligaciones legales, ni ninguna de sus
obligaciones estatutarias en materia laboral”.
El INE va a hacer todo lo que pueda por cumplir
a cabalidad las características del ejercicio
establecidas en la ley; sin embargo, si no hay
los recursos suficientes entonces se podrían
instalar menos casillas, pero aseguró “habrá
Revocación de Mandato si así lo piden las y los
ciudadanos”, expresó.
El Consejero Presidente del INE afirmó que el
Instituto siempre ha actuado con apego a la ley
y siempre ha acatado las sentencias de los
órganos judiciales, siempre, invariablemente.
Falso que el INE haya tratado de obstaculizar el
ejercicio
En su intervención, la Consejera Dania Ravel
recordó que “las tareas de revisión y
verificación de la validez de los apoyos
recabados nunca se han suspendido, pues para
esta tarea hemos utilizado recursos del
presupuesto 2021, a pesar de que esa actividad
no la teníamos presupuestada”.
Acciones como ésta, sostuvo, “demuestran que el
Instituto Nacional Electoral ha buscado
garantizar el derecho de la ciudadanía a
participar en este ejercicio de democracia
directa. Es completamente falso que en el INE se
haya tratado de obstaculizar este ejercicio, los
hechos demuestran todo lo contrario”.
La Consejera Claudia Zavala resaltó que “nunca
estuvo en duda que el INE llevaría a cabo la
Revocación de Mandato, el tema fue cómo la
íbamos a hacer y eso fue lo que pusimos a
discusión de los tribunales respecto del modelo
constitucional y legal que nos rige y la
suficiencia presupuestal”.
Como autoridades del Estado mexicano, “vamos a
seguir trabajando para la garantía del derecho
con las condiciones que tengamos que generar y
este proceso de Revocación de Mandato se lleve a
cabo como si fuera una elección federal. No
queda la menor duda que así lo haremos”,
concluyó.
La garantía de los derechos político-electorales
requiere de otras instituciones
El Consejero José Roberto Ruiz llamó a reconocer
el esquema amplio y complejo de garantía de los
derechos político-electorales. “No es
exclusivamente facultad del Instituto por mera
voluntad garantizarlos, sino que a su vez el
Instituto Nacional Electoral requiere de la
intervención y del apoyo de otras
instituciones”.
En este sentido, destacó la gran enseñanza de la
sentencia de ayer de la Sala Superior “la
múltiple obligación y responsabilidad de
instituciones de garantizar esos derechos”.
Al separarse de algunos párrafos del acuerdo
presentado, el Consejero Martín Faz señaló que
no acompaña “la visión de que existe una
completa imposibilidad para llevar a cabo el
proceso de Revocación de Mandato porque no se
cuenta por ahora con los recursos suficientes
para hacerlo, con los mismos estándares con los
que este Instituto organiza las elecciones
ordinarias”.
“La Constitución y la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales nos
permite hacer los ajustes y adecuaciones tanto
presupuestales como operativos necesarios para
realizar el ejercicio sin abandonar tales
estándares, en los términos en que también ha
sido resuelto por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación”.
INE en tiempo y funcionando para organizar la
Revocación de Mandato
Durante su intervención, la Consejera Carla
Humphrey hizo un recuento del avance de las
actividades del Plan y Calendario de la
Revocación de Mandato, efectuadas por el INE
hasta el 10 de diciembre y estimó que el
Instituto se encuentra a tiempo y funcionando
para celebrar este ejercicio. “Ahora es nuestra
labor retomar ese ritmo de trabajo y conseguir
cumplir con las actividades en tiempo y forma”.
“Tenemos que avanzar y, como lo he hecho,
seguiré trabajando y proponiendo medidas para
que cumplamos de manera eficiente y a menores
costos, con nuestra obligación constitucional de
organizar este proceso de Revocación de
Mandato”, garantizó.
Al acompañar el sentido del acuerdo, la
Consejera Adriana Favela subrayó que México
tiene un sistema donde la autoridad
administrativa electoral emite sus
determinaciones y éstas pueden ser impugnadas
ante las instancias jurisdiccionales. “Qué bueno
que trabaja este sistema porque así, si hay
algún tipo de inconformidad se puede ir a
plantear ante los órganos jurisdiccionales”.
Además, celebró que la Sala Superior del TEPJF
haya vinculado a la Secretaría de Hacienda para
que, en su caso, el Instituto solicite una
ampliación presupuestal. “El INE siempre ha
estado en la mejor disposición de organizar este
procedimiento de Revocación de Mandato, pero no
se hace de la nada, se deben que tener los
recursos para llevarlo a cabo”, manifestó.
Sentencias de órganos judiciales ofrecen salida
a un problema de insuficiencia presupuestal
Las resoluciones judiciales tanto de la Sala
Superior del TEPJF, como de la Comisión de
Receso de la SCJN, “ofrecen un camino de salida
a una situación que parecía no tenerla, creada
por la insuficiencia presupuestal de una
magnitud que no tiene precedentes”, sostuvo el
Consejero Jaime Rivera.
“Hoy tenemos un camino con certeza dado por las
autoridades oficiales para dos cosas: para
solicitar ante la Secretaría de Hacienda una
ampliación presupuestal y para, en su caso,
adecuar algunas de las condiciones de
organización de este proceso de Revocación de
Mandato, adecuarlas a nuestra suficiencia
presupuestal”, reiteró.
Obligación del Instituto garantizar el ejercicio
de los derechos políticos de la ciudanía
Al celebrar la presentación de este acuerdo, la
Consejera Norma de la Cruz aseguró que el
Consejo General cumplirá con sus obligaciones
constitucionales. “Es nuestra convicción, es una
obligación del Instituto garantizar el ejercicio
de los derechos políticos de la ciudanía, como
es la de participar en la Revocación de
Mandato”.
Además, consideró, “debemos realizar un mayor
esfuerzo y si tenemos que explorar otros
escenarios, como la votación electrónica a la
que hace referencia el artículo 46 y 49 de la
Ley Federal de Revocación de Mandato, por
ejemplo, abrir el abanico a otras posibilidades
sin afectar la certeza y que podamos garantizar
el debido cumplimiento del derecho de la
ciudadanía”.
En su intervención, el Consejero Ciro Murayama
calificó como histórico el acatamiento respecto
a la sentencia de la Sala Superior del TEPJF
“porque subraya la preeminencia de los derechos
humanos, en este caso, de los derechos
político-electorales en nuestro orden jurídico,
en nuestro orden constitucional y mandata a que
el presupuesto se adecue al ejercicio de los
derechos fundamentales y no al revés como
algunos han pretendido”.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, abundó, “ha dicho algo que podría
parecer elemental pero que se está perdiendo de
vista, que es que los derechos los tiene que
garantizar el Estado en su conjunto y, si bien
el INE es el encargado de organizar el proceso
de Revocación de Mandato, hay otras instancias
del Estado mexicano que tienen que dotar de esos
recursos, concretamente ahora la Secretaría de
Hacienda”.
En términos de los referidos acuerdos de
suspensión dictados por la Comisión de Receso de
la SCJN y la Sala Superior del TEPJF, el proceso
de Revocación de Mandato deberá continuar,
incluyendo todas sus etapas, realizándose con la
disponibilidad financiera actual, por lo que se
instruye a las Direcciones Ejecutivas y Unidades
Técnicas que, en el ámbito de sus atribuciones,
continúen con todas las actividades inherentes
conforme al Plan, Calendario y normatividad
vigente, incluyendo todas sus etapas, dada la
viabilidad financiera para aplicar recursos a
este proceso. |
